La decisión de Sáenz tiene mucho que ver con la Justicia y es que el camino empedrado que ha desencadenado este desenlace comenzó el pasado 2011, cuando se fallaba en firme la condena contra el banquero por haber incurrido en un delito de acusación falsa. Una sentencia que se remontaba a otra etapa de su trayectoria profesional, en concreto al momento en que ostentaba la presidencia de Banesto. En esta resolución, la Justicia consideró a Sáenz culpable, al entender que había presentado una falsa querella con el objetivo de perjudicar a unos empresarios de la zona de Cataluña.
Tras varios recursos, el recorrido por este escenario judicial fue a mejor en 2011 cuando, de manos del anterior Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, Sáenz obtuvo un indulto permitiendo que recuperara la condición necesaria de honorabilidad impuesta a los directivos de banca. Un requisito obligatorio de carácter administrativo que declara incompatible el ejercicio profesional en esta actividad con la posesión de antecedentes penales. Lejos de dar por zanjado este asunto, el Tribunal Supremo reabría la herida anulando de forma parcial el citado indulto y obligando a Sáenz a un nuevo recurso, en esta ocasión acudiendo al Tribunal Constitucional.
Entre unos y otros movimientos, el Gobierno de Mariano Rajoy movía ficha creando una nueva normativa, promovida por la Autoridad Europea Bancaria (AEB), variando las premisas requeridas para preservar la honorabilidad de los banqueros y dejando así en manos del Banco de España la decisión de decidir sobre la continuidad o no en los puestos de responsabilidad. Un punto en el que se encontraba Sáenz en la actualidad, a la espera de esa resolución.
Fuente: El Mundo
Foto / Castilla y León Económica
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