Las víctimas de malos tratos nunca se encuentran en una posición fácil. Deben lidiar con un historial de humillaciones y golpes, además de con el miedo derivado del proceso penal. Pero si a este trance a todas luces desgarrador le sumamos la incerteza de no tener una residencia fija en un país, la situación puede complicarse considerablemente. Entre las mujeres víctimas de la violencia machista encontramos un buen número de inmigrantes, algunas con su permiso de residencia en regla y otras en una situación mucho más precaria en este sentido. Son precisamente estas últimas las que pueden ver atenuado su doble estatus de víctima, pues la Ley de Extranjería modificará dos artículos decisivos, por los cuales las mujeres extranjeras que hayan denunciado los malos tratos tendrán la opción de pedir la residencia en nuestro país.

Las mujeres en situación irregular podrán denunciar a sus agresores.

Se trata de la entrada en vigor de la actualización de los artículos 31 bis y 59 bis, por los cuales se cesará de sancionar a aquellas mujeres en situación irregular que sean víctimas de la violencia de género. De esta manera se intentará crear una situación de mayor seguridad para todas esas mujeres invisibles que no se atreven a denunciar por miedo a las represalias legales o a la expulsión del país. Así, tal y como se recoge en un artículo de El País, en el momento en que la orden de protección sobre la mujer sea dictada por un juez, la susodicha podrá pedir «una autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales«. Este proceso también podrá iniciarse si la afectada cuenta con un informe del Ministerio Fiscal afirmando que existen indicios de violencia machista. Una vez haya acabado el procedimiento penal, se procederá a la resolución del permiso de residencia.

Las mujeres en situación irregular que tengan hijos y que hayan de pasar por este trance podrán asimismo solicitar la residencia para los menores o discapacitados a su cargo. En el caso de que los niños tengan 16 años también se podrá pedir para ellos un permiso de trabajo. Ello, si los hijos se encontraban en el país en el momento de la denuncia. En cuanto a las medidas de protección, éstas se aplicarán también a la familia de la víctima, e incluso a los allegados que pudieran verse afectados por la denuncia.

Como vemos, todas estas clausulas podrán facilitar el trabajo de la policía, al tiempo que garantizar la seguridad física de la denunciante. Sin olvidar, claro está, que dicha medida podría evitar que muchas mujeres se echasen atrás en su decisión de denunciar ante la inseguridad legal que las espera.

Foto por Esparta en Flickr