La aseguradora del Prestige exige que se destinen 22 millones de euros al Medio Ambiente

London P&I Club, grupo asegurador del Prestige asegura que el dinero que desembolsó hace 10 años en calidad de responsabilidad civil debería destinarse para la conservación y restauración de las costas gallegas tras el desastre natural.

La cuantía asciende a los 22.7 millones de euros y las declaraciones coinciden con la la finalización del proceso judicial en el que se ha determinado la absolución del capitán y el jefe de máquinas de sus acusaciones de crímenes contra el medio ambiente, así como la ausencia de cargos en el importe inicial a la propia aseguradora.

London P&I Club, además se ha pronunciado respecto a la acusación “con pruebas poco evidentes” de desobediencia a las autoridades por parte de Apóstolos Mangouras, capitán del navío, que se mantuvo dentro del barco por decisión propia y a pesar de los desperfectos del mismo, poniendo su vida en peligro el día del accidente.

Tras este comportamiento, el capitán fue ovacionado por el personal sanitario y por el de rescate. En contraposición a esto, la aseguradora ha cargado duramente contra las autoridades por no condenar al que fuese director general de la Marina José Luis López-Sors por una mala gestión de los acontecimientos así como su negación a buscar un lugar donde alojar el barco, permitiéndole que se fuese mar a dentro, en medio de una tempestad y sin un rumbo claro.

Steve Robers, director de los gerentes del London Club aseguraba que es lamentable que no se haya contado con las lecciones acerca de los Lugares de Refugio para aprender y que no se repita en la posteridad.

También ha querido resaltar que el juicio ha tardado 11 años y que hasta ahora, tanto capitán como jefe de máquinas, han sufrido acusaciones injustas. Ahora se deberá decidir a dónde y como irán los 22.7 millones de euros que la aseguradora puso, se hará desde la Audiencia Provincial de La Coruña, barajándose varias opciones, que se le devuelva a London P&I Club la totalidad del dinero o que se haga un reparto a aquellos que asumieron los gastos de reparación de daños.

Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, y pese a la reclamación por parte de la fiscalía en concepto de “marea negra” de 4.328 millones de euros, se ha basado en que no hay una responsabilidad penal y por lo tanto no se puede establecer una indemnización.

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