ONG`s reclaman que se las trate igual que a las grandes empresas

En plena rueda de prensa, la concejal Reyes Campillo, perteneciente al Partido Popular del Ayuntamiento de Zaragoza, reclamaba durante el primer cuatrimestre del 2013 el mismo trato a las ONG que a las grandes empresas.

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De acuerdo con el Real Decreto de Ley de 22 de febrero de medidas de apoyo al emprendedor, las ONG deberán percibir los pagos en un plazo de 30 días, a lo sumo 60.

La concejal se sumaba a las críticas a principios del año 2013, recalcando los pagos pendientes de 17 millones de euros de 2012 a las entidades sociales cuya labor busca la defensa del bienestar social y el desarrollo de proyectos tanto externos como internos. Arremetía así contra el equipo de gobierno municipal “Es fundamental pagar cuanto antes a las entidades” “No se puede hacer política de forma engañosa”.

Subrayaba la necesidad de cumplir con el compromiso asumido de pagar a todas aquellas entidades sociales que trabajan con el Ayuntamiento de Zaragoza, con sus sociedades o patronatos en el plazo establecido por el Real Decreto de Ley de 22 de febrero de 2013. Un compromiso político que no se ha de eludir con el fin de respetar la ley y evitar problemas financieros resultantes del impago.

Campillo hacía hincapié en la existencia de facturas pendientes que se remontaban a marzo y abril de 2012, con críticas añadidas por los criterios de ordenación seguidos por el área de Hacienda. En esta misma rueda de prensa, Campillo explicaba que el Partido Popular se había abstenido en la votación del Plan director estratégico de servicios sociales 2012-2020 por no proponer acciones concretas a lo largo de los años de vigencia del plan, afirmando que no aportaba nada.

Otro de los argumentos en contra fue la partida de presupuesto 2013 destinada al área de acción social, arguyendo que es la misma dotación que para el año 2012 con la única diferencia de 5 millones de Fondo de emergencias contra la exclusión social y los programas de intervención social.

De los 11 millones de euros de presupuesto, 6 millones quedan destinados a la educación, urbanismo y al programa de inclusión social mientras que los 5 millones restantes quedan apartados para el Fondo de emergencia contra la exclusión social pero no se garantiza su buen uso tal como argumentaba la concejal.

En definitiva, se destaca la necesidad de cumplir los compromisos económicos no sólo con las grandes contratas sino también con las entidades sociales, concediéndoles el mismo estatus e importancia.

Imagen: Willtron en Wikimedia

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