Cobrar a 30 días del sector público, imposible para las pymes

En este año que está a punto de terminar, las administraciones públicas deben pagar en 45 días máximo sus deudas contraídas, situación que para algunas Pymes es insostenible.

Las pymes no pueden soportar las deudas de la Administración Pública

En este año que está a punto de terminar, las administraciones públicas deben pagar en 45 días máximo sus deudas contraídas. De esta manera lo establece la Ley de Morosidad, que reducirá este plazo a 30 días en 2013. Para el verano, “no se oirá en ningún rincón de España que a tal laboratorio no se le pagó”, y si algún responsable público no dispone de fondos, “para eso está el Estado”, aseguró Cristóbal Montero, ministro de Hacienda.

Sin embargo, son pocas las pymes que se fían de las palabras de Montero, ya que los profesionales por cuenta propia y empresas gallegas vuelven a soportar en la actualidad una situación de morosidad insostenible, sobre todo por parte de los ayuntamientos y alguna Diputación.

El compromiso del ministro de Hacienda no termina de cuajar entre las pymes, porque incluso observando los datos a mano alzada, pocos responsables públicos cubrieron sus facturas en el plazo determinado. Según el último informe de la Federación de Autónomos (ATA), sobre el impacto de la morosidad pública, el periodo medio de pago de las administraciones en nuestro país era de 163 días, elevando la deuda pendiente de cobro a 5.510 millones de euros.

Cuatro de cada diez autónomos (40.5%) tarda más de seis meses en cobrar las facturas pendientes con el sector público, mientras que sólo el 11.8% las cobra antes de 90 días.

En plena crisis económica, los analistas están de acuerdo en que el sector público está retrasando los pagos a las empresas con las que contrata para financiarse. Con una deuda de más de 35.000 millones de euros a sus proveedores y una media de 154 días en pagarlas, el sector público se sitúa entre los primeros en la encuesta de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMCM), que reúne a más de un millón de pymes y autónomos.

La Administración central abona sus deudas en una media de 140 días, 15 menos que las autonomías. Pero la verdadera brecha de impagos es la que proviene de la demora por parte de los más de 8.000 municipios, que tardan una media de 238 días en hacer los pagos.

La reforma de la Ley de lucha contra la morosidad dispondrá de unos plazos nuevos de pago: 30 días para el sector público y 60 días para las empresas. Pero lo más importante de esta reforma, es que se elimina la posibilidad de que las partes pacten un plazo de pago mayor.

Sin embargo, la implantación de esta reforma no garantizará el cumplimiento de los plazos, ya que no se instaura el pago de intereses de demora “de oficio”, según señala Pere J. Brachfield, director del Centro de Estudios de Morosología de la EADS Business School.

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