Amnistía Internacional denuncia abusos en las sanciones a manifestantes

Amnistía Internacional ha denunciado abusos en las sanciones a manifestantes y violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad.

Uno de los efectos ha sido el aumento de las manifestaciones y de movimientos como el 15M, que con iniciativas como Rodea el Congreso o las marchas por la dignidad han sacado a la calle a miles de personas en toda España. Sin embargo, Amnistia Internacional (AI) cree que en los últimos años el derecho a la manifestación se ha deteriorado por el abuso de sanciones a los manifestantes, que han tenido un efecto disuasorio en su asistencia a las manifestaciones y que podría acentuarse con la Ley de Seguridad Ciudadana que prepara el Gobierno.

Estas son las conclusiones a las que llega ‘El derecho a protestar amenazado’, un estudio realizado por la ONG a lo largo de 2013 y en el que se incluye el testimonio de 30 personas que han sufrido estos abusos. Según AI, la futura Ley de Seguridad Ciudadana supondrá la puntilla al «deterioro» de los derechos de reunión, asociación y expresión en España. La única laguna del informe es la ausencia de una evolución histórica de las sanciones a manifestantes, pero los datos hablan por si solos.

Por ejemplo, los miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), uno de los colectivos más activos en sus protestas han acumulado más de 40.000 euros en sanciones. Otro ejemplo, en 2012 el Delegación del Gobierno en Madrid impuso 1.117 sanciones; y entre el 12 y el 15 de mayo de 2012, cuando se celebró el primer aniversario del 15M, se emitieron 314 multas. Un último ejemplo, la Comisión Legal de Sol verificó 957 sanciones entre los meses de mayo de 2011 y abril de 2013.

Al hilo del ejemplo de la PAH, el informe denuncia que personas que han participado activamente en las protestas han sido sancionados varias veces, lo que les ha llegado a suponer la acumulación de deudas. AI explica que incluso los abogados de estas personas les han recomendado que «reduzcan su visibilidad» en actos públicos como protestas, manifestaciones o concentraciones.

Finalmente, AI critica la respuesta «represiva» de las autoridades a las protestas y a sus organizadores. El informe de la ONG habla de un «uso abusivo» de la fuerza policial, «malos tratos» en las detenciones a manifestantes o falta de transparencia en la resolución de las denuncias a policías y otros miembros de las fuerzas de seguridad. Así, AI concluye que se han violado los derechos humanos en las actuaciones policiales.

Vía: El País

Foto: Xuanxu

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