La estela de la burbuja inmobiliaria

La burbuja inmobiliaria dinamitó el crecimiento en nuestro país y acrecentó la crisis económica. El ladrillo sigue empachando a los bancos, que deben ser rescatados ante la pérdida de solvencia.

En 2008, las entidades financieras de Estados Unidos desataban la que se conocería más tarde como la peor crisis financiera desde el crash de 1929. Las denominadas ‘hipotecas subpryme’ fueron el epicentro de los activos sobrevalorados que desataron la fallida de Lehman Brothers y provocaron la una escalada de millonarias pérdidas. En nuestro país, la caída del sector inmobiliario fue exponencial, debido al gran sometimiento financiero del tejido empresarial y bancario. Casos como la CAM o Banco de Valencia son buen ejemplo de ello, pero no el único.

En efecto, la sobrevaloración del parqué inmobiliario tuvo un efecto directo en el aumento de la deuda privada. Según datos facilitados por el Banco de España, en 1986 la deuda hipotecaria familiar suponía el 34 por ciento de la reta disponible, mientras que en 1997 se multiplicó hasta alcanzar el 52 por ciento, aumentando exponencialmente hasta tocar techo en el año 2005, con una deuda del 105 por ciento. La sobreexposición al ladrillo afectaba tanto a las familias hipotecadas como a las entidades financieras, que apostaron con fuerza por dicho sector, aun a sabiendas de su carácter incierto.

La construcción descontrolada, azote de la burbuja inmobiliaria

El estallido de la denominada ‘burbuja inmobiliariasoslayó la estructura económica del país, pero afectó muy significativamente a la solvencia bancaria, que vio multiplicados sus impagos al tiempo que quedaba con un extenso stock de ladrillo. Para solventar la falta de liquidez, el Estado, a través del Banco de España, no dudó ni un momento en inyectar capital para reforzar los activos de las entidades financieras. En un primer momento, el Gobierno español dotó a la banca de 20 millones de euros, una cifra que iría creciendo exponencialmente a medida que las entidades iban sometiéndose a sendos procesos de reestructuración siguiendo las directrices gubernamentales.

Como consecuencia de esa política de gasto, aumentó todavía más la deuda privada, pues las entidades financieras utilizaban la liquidez para asumir más endeudamiento con el fin de hacer frente a sus pagos. En total, la deuda privada fue ascendiendo hasta cifrarse en aproximadamente 3 billones de euros, lo que representaría el 300 por ciento del PIB del país. Lo peor de todo es que hasta el 75 por ciento de dicha deuda había sido contraída con el exterior para financiar la burbuja inmobiliaria.

El fin de la historia es sobradamente conocida. La sobreexposición de los bancos provoca la intervención del Gobierno, que debe inyectar más dinero para evitar su quiebra y sanear las entidades financieras antes de venderlas al mejor postor. Un aumento del gasto público que hace aumentar todavía más la deuda pública y multiplica el interés a pagar por la misma. Todo ello mientras crece exponencialmente el número de desahuciados por impago de la deuda hipotecada, quienes la entrega del inmueble no les basta para liberarse de ésta. Por cierto, la adquisición de los mismos inmuebles anteriormente hipotecados pasa a engrosar el stock inmobiliario del banco, el mismo que hace socava su solvencia, y por el cual la entidad se ve obligada a solicitar más dinero al Gobierno. La historia interminable.

Foto: Sandrine Magrin, en Wikimedia Commons

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