Los enredos del Caso Sacyr

El contencioso entre las autoridades panameñas y el consorcio constructor pone de relieve la necesidad de recoger de antemano la cuestión de los sobrecostes.

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A pesar de la rápida mediación de la ministra Ana Pastor, el conocido ya como «Caso Sacyr» está poniendo contra las cuerdas a la diplomacia española. Un contencioso marcado por la siempre controvertida cuestión de los sobrecostes y cuyas consecuencias últimas siguen lejos de clarificarse. Si algo podemos extraer de todo este asunto es que los contratos deben dejar meridianamente claro el protocolo a seguir ante un posible encarecimiento de las obras. Una prevención básica que nos ahorrará tiempo y energía.

En el caso de las obras de ampliación del Canal de Panamá, los sobrecostes ascienden a la nada desdeñable cifra de 1.600 millones de dólares. Al cierre de esta edición, seguía firme la advertencia del Grupo Unidos por el Canal (GUPC), el consorcio liderado por Sacyr Vallehermoso, de interrumpir las obras el próximo 20 de enero. De cumplirse la amenaza, la disputa estaría abocada a dirimirse por la vía judicial, algo que el propio Ministerio de Fomento del Reino de España quiere evitar a toda costa.

La situación nos deja dos claras lecciones. Por un lado, la ya avanzada idea de que la posibilidad de incurrir o no en sobrecostes debe quedar reflejada en el acuerdo escrito, así como las pautas a seguir cuando se da esta circunstancia. Con todo, en el contencioso entre el GUPC y la Administración del Canal de Panamá ocurre que los sobrecostes están contemplados en el contrato, lo que refuerza la posición de la constructora española de cara a un posible proceso judicial.

La otra gran conclusión es que a la hora de conceder un contrato no se puede aceptar una oferta, por rentable que parezca, si no se comprueba que los costes de construcción son realistas. Según se ha conocido en los últimos días, Sacyr presentó una oferta muy competitiva que sus rivales acusaron de ser una forma de conseguir la adjudicación para después engrosar el presupuesto. También es verdad que Panamá aseguró en 2009 que podría utilizarse el propio material extraído de las excavaciones. Poco después se comprobó que no era así.

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