Los contratos temporales españoles, cuestionados por Estrasburgo

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea recuerda a España que no pueden cubrirse puestos de trabajo permanentes renovando contratos temporales.

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La crisis laboral española, que arrancó en torno al año 2008 y que sigue lejos de resolverse, ha propiciado que la figura del empleo temporal haya ganado mucho protagonismo en los últimos tiempos. Generalmente, este tipo de contratación suele presentar un alto componente estacional (de ahí la duración acotada del acuerdo) y puede eternizarse mediante una sucesión de renovaciones discontinuas. Es precisamente este punto el que ha propiciado que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) haya sentenciado que nuestro país incumple la normativa laboral comunitaria.

El TJUE ha emitido dicho fallo tras la denuncia presentada por una enfermera que trabajó en el Hospital Universitario de Madrid. La profesional fue inicialmente contratada en febrero de 2009 con un contrato donde se especificaba claramente el carácter temporal del trabajo, que vencía en julio de ese mismo año. Sin embargo, el centro hospitalario fue renovando el contrato de la enfermera de manera regular, de tal manera que esta no finalizó su vinculación con el hospital hasta junio de 2013. El contrato se renovó hasta en siete ocasiones.

En realidad, la enfermera había presentado el recurso en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, tribunal que decidió elevar el caso al TJUE para que este dilucidara si, efectivamente, se había cubierto un empleo permanente con un contrato temporal. La sentenciad deja claro que, en base a las características específicas del puesto de trabajo y al número de renovaciones efectuadas, el hospital sabía en todo momento que se trataba de un empleo de larga duración. Consecuentemente, se cubrieron necesidades permanentes con contratos temporales.

El veredicto de Estrasburgo, que sienta jurisprudencia para futuras reclamaciones de este tipo, no puede decirse que haya sorprendido. Las denuncias sobre abusos y falta de rigor en la contratación temporal tanto en organismos públicos como en empresas son numerosas. La legislación española fija en tres años el límite de los contratos de obra o servicio, con la posibilidad de prorrogarlos otro año más. La sentencia del TJUE es, pues, un recordatorio claro de los límites de esta figura contractual.

Vía: Cinco Días.

Foto: © luckybusiness

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