Las consultas vía 902 tendrán que cobrarse al precio de una llamada normal

El Consejo de Ministros ha aprobado un anteproyecto de ley para que las consultas telefónicas comenzadas por este prefijo sean cobradas al mismo precio que una llamada normal

Telefonía

Los teléfonos 902 se han topado con el Gobierno y su nuevo marco legal. El Consejo de Ministros ha dado luz verde al anteproyecto que contempla la modificación de la Ley General de Consumidores y Usuarios. Unas reglas de juego diferentes que obligarán a las empresas que ofrezcan líneas de consulta y servicios con estos dígitos a cobrar las llamadas al precio de las conexiones normales.

La hoja de ruta en la que se encuentra inmersa España en estos momentos pretende dar respuesta a las pautas marcadas desde Europa, con el fin de armonizar este tipo de prestaciones. Una directiva de carácter europeo que lleva cerca de dos años en la línea de espera para comenzar a materializarse. Los cobros adicionales bajo el formato de 902 con el que funcionan muchas enseñas han estado durante los últimos años en el punto de mira de las asociaciones de consumidores. Éstas calificaban de “injustas” dichas tarifas, sobre todo al tratarse en muchas ocasiones de consultas relacionadas con peticiones de información o situaciones de urgencia, como casos de robos o anulaciones por parte de perjudicados – quienes además eran clientes-.

Más allá del apartado vinculado a la telefonía, los cambios comprenden otros escenarios como los relacionados con las operaciones de compra en la red. La guerra se librará en este terreno motivada por la necesidad de sumar mayor claridad y transparencia en las transacciones. Así, podrán acabar con las comisiones y los costes adicionales que, en muchas ocasiones, se aplican en las adquisiciones en Internet. El objetivo es atar en corto a los propietarios para que ofrezcan a los interesados el precio definitivo de sus compras antes de que la operación se haya concluido, de forma que los clientes puedan evitar sorpresas en forma de nuevos cargos y conceptos que la compra llevaba asociada.

Con esta nueva normativa, el Ejecutivo concederá a los consumidores mayor protección y argumentos en la defensa de sus derechos. El motivo está en que los empresarios deberán hilar fino en las condiciones de venta y su transmisión al comprador, como los plazos de devolución para evitar complicaciones.

Fuente: El Mundo

Foto / Ministerio TIC Colombia

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