El mayor accionista de la empresa Bodegas Martúe se querella contra Emilio Aragón por un delito societario

Emilio Aragón se enfrenta a una querella por los delitos de falsificación documental y un delito societario presentada por el mayor accionista de la empresa Bodegas Martúe, de la que es miembro del Consejo de Administración

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Las aguas bajan revueltas para el empresario y conocido showman Emilio Aragón. El mayor accionista de la compañía vinícola Bodegas Martúe, Fausto González, no ha dudado en desplegar toda su artillería y llevar sus diferencias con el hijo de la conocida saga de payasos a los tribunales. Emilio Aragón junto a otros cinco miembros del Consejo de Administración de la empresa están ahora bajo los focos de la Justicia, a raíz de una querella en la que se les acusa de incurrir en los delitos de falsificación de documentos y un delito societario.

El escrito que se ha registrado en los juzgados de la provincia de Toledo hace referencia a la presunta autoría por parte de estas cinco personas, vinculadas a la cúpula directiva de la bodega, de supuestas irregularidades para perjudicar a Fausto González. El empresario advierte de que se habría incurrido en diferentes prácticas ilegales en la convocatoria de la última reunión del Consejo de Administración, con la finalidad única de llevar a cabo una maniobra para conseguir destituirle del cargo.

La querella hace hincapié en diferentes aspectos contrarios a la ley, entre los que figura la falta de información que los encargados de convocar el cónclave realizaron tanto en lo referido al lugar elegido para llevarlo a cabo, fuera de la sede habitual, como al dejar fuera de la cita a algunos de los miembros del Consejo. Según se señala en la querella, en el texto de la convocatoria se habrían falsificado aspectos relacionados con las decisiones adoptadas en el encuentro.

La situación económica de la compañía no es muy tranquilizadora, ya que los resultados han ido mermando en los últimos ejercicios hasta llevar a las bodegas a declararse en preconcurso de acreedores. Un paso inevitable que la enseña se vio obligada a dar el pasado mes de julio y al que ahora se suma este encontronazo legal.

A esta realidad hay que añadir las sacudidas que el sector vinícola ha recibido en los últimos años a consecuencia de la crisis y la caída de las ventas. Una actividad que ha sufrido, además contratiempos relacionados con bloqueos y protestas relacionadas con la exportación en escenarios como China.

vía: Cinco Días

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