Los ayuntamientos no consiguen evitar la reforma local

El Consejo de Ministros aprueba el texto que incentivará la fusión de ayuntamientos y perseguirá la dispersión administrativa.

montoro

Anunciada como uno de los pilares del programa reformista con el que el Partido Popular esperaba revertir la situación económica española, la reforma local fue finalmente aprobada en el Consejo de Ministros del pasado viernes. Por el camino, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha tenido que lidiar con prácticamente todo el entramado de administraciones locales y provinciales. Y es que, pese a la conveniencia de la reforma, ningún ayuntamiento está dispuesto a ceder más competencias de las estrictamente necesarias. En cualquier caso, el propio Cristóbal Montoro ha anunciado que la reforma tendrá un impacto positivo de más de 8.000 millones en las cuentas públicas. Una razón más que de peso para pasar por alto los intereses consistoriales.

La reforma local no ha sido desde luego un hito sencillo de conseguir. Cuando el Gobierno avanzó el plan para las administraciones locales a principios de 2012 nada hacía presagiar que las negociaciones se enquistarían desde el primer momento. La mayoría absoluta del Partido Popular en la mayoría de los grandes ayuntamientos españoles invitaba a suponer que el trámite sería rápido. Nada más lejos de la realidad. Si los contactos con los consistorios ya eran lo suficientemente gélidos, las diputaciones agravaron la situación al reclamar la gestión de más impuestos. En definitiva, el interés general de España volvía a quedar supeditado a exigencias particulares de financiación. Todo ello con sonoros retrasos por parte de los consistorios en el pago a proveedores.

En España existen 8.117 municipios, de los cuales más de 5.500 no alcanzan los dos mil habitantes. Una situación que genera una estructura local ineficiente y que no redunda desde luego en una mayor calidad de los servicios prestados a los ciudadanos. Fernando Méndez, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, ha afirmado incluso que «lo más eficiente sería dejar el número de ayuntamientos en 2.500«. El Gobierno parece haberse hecho eco de esta recomendación y concederá ventajas fiscales a los ayuntamientos que se fusionen. Estas medidas marcarán, junto con la reforma energética y el Plan Pive, la agenda reformista del próximo otoño.

Fuente: Expansión.

Foto / ppcv

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