El Tribunal de la Competencia abre un expediente a la SGAE por posibles abusos en su gestión

El Tribunal de la Competencia abre un expediente a la SGAE a raíz de las denuncias de diferentes operadores de televisión alertando de prácticas restrictivas para poder emitir música

SGAE

El Tribunal de la Competencia da un toque a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), con la apertura de un expediente sancionador, al detectar que la organización podría estar empleando una serie de prácticas abusivas. En concreto, serían los espacios televisivos nacionales los afectados por estas presuntas acciones restrictivas impuestas por la SGAE que han acabado con la interposición de diferentes denuncias ante el Tribunal.

Los denunciantes advierten de que la Sociedad estaría aprovechando su posición para imponer medidas ‘abusivas’ sobre los derechos necesarios para reproducir contenidos musicales en los espacios televisivos. Unas alertas que han acabado con la apertura de un expediente de investigación.

Las evaluaciones realizadas hasta el momento han permitido esclarecer que la SGAE podría haber incurrido en la vulneración de la legislación que vela por el cumplimiento de la defensa de la competencia. Una actuación al margen de lo establecido, que se habría producido por el establecimiento por parte de la Sociedad de una serie de requisitos y condicionantes en los acuerdos con las televisiones, en los que se limitaba su autonomía para poder decidir sobre el material musical que quisiesen emitir.

El informe facilitado por el Tribunal de la Competencia sostiene, además que el organismo que preside Antón Reixa podría haber desplegado otro tipo de prácticas cuestionables por el carácter ‘discriminatorio y falto de transparencia’ de las mismas. Unas acciones que se centrarían en la aplicación de diferentes descuentos para la gestión de material musical a determinados operadores y entes televisivos.

Pese a la llamada al orden efectuada por el Tribunal, la institución ha querido puntualizar que esta actuación se encuentra en una fase inicial, a la espera de que se complete el periodo establecido para el desarrollo de la investigación, que abarca un plazo de dieciocho meses, que darán paso a la emisión de un dictamen definitivo.

No es la primera vez que la SGAE se sitúa en el objetivo de las investigaciones. Sin ir más lejos, en 2010 este mismo Tribunal ya abrió un expediente a la entidad por aplicar tarifas abusivas para la reproducción de contenidos musicales en las bodas.

fuente: Expansión

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