El Gobierno estudia dar la residencia a quien compre casas de 160.000 euros

El gobierno estudia conceder el permiso de residencia a aquellos inmigrantes que compren pisos por valor de 160.000 euros, una medida encaminada a acabar con el stock de pisos vacíos existente que ha levantado polémica.

El Gobierno está buscando medidas de todo tipo para dar salida al enorme stock de viviendas vacías que existe en España, producto del boom inmobiliario. Ayer anunció que planea dar el permiso de residencia a los inmigrantes que compren casas por valor de 160.000 euros, una iniciativa que no tardó en generar críticas procedentes tanto de la oposición como de varias asociaciones de inmigrantes. Otros países como Portugal, Irlanda, Canadá o los Estados Unidos tienen medidas parecidas.

Jaime García-Legaz, Secretario de Estado de Comercio, fue el encargado de anunciar esta medida en un desayuno informativo; aunque el ministro de Exteriores ya la había adelantado en el Congreso el  pasado miércoles, pero pasó desapercibida por la huelga general. García-Legaz explicó que esta iniciativa está encaminada a atraer a ciudadanos rusos y chinos y evitar que se vayan a países con leyes más favorables. Respecto al precio mínimo para obtener el permiso, García-Legaz lo definió «equilibrado», y prevé que no supondrá «una demanda masiva de permisos de residencia».

Mariano Rajoy confirmó que el Gobierno se plantea esta posibilidad, aunque dijo que todavía no se ha tomado una decisión. De momento, hoy se reunirán los ministros de Exteriores, Interior, Fomento, Empleo, Economía y Hacienda para hablar sobre el tema, unos encuentros que se vienen produciendo desde antes del verano.

Por ahora, las posibilidades de los inmigrantes para obtener el permiso de residencia pasan por obtenerlo junto al permiso de trabajo, por arraigo, razones humanitarias, colaboración con la justicia, víctimas de la violencia de género, etc. Existe una excepción para los inmigrantes que disponen de «recursos propios» (una cantidad equivalente al 400% del IPREM al mes, que en 2012 era de 532) en que para obtener el permiso de residencia no se necesita el de trabajo. Eso si, en este caso los inmigrantes no pueden beneficiarse de la sanidad pública, aunque si de la educación, las becas o la libre circulación por la Unión Europea.

Las asociaciones de inmigrantes no tardaron en criticar la medida por discriminatoria, y desde el PSOE acusaron al Gobierno de «mercantilizar» el permiso de residencia. También desde el Consejo General de la Abogacía Española se alertó del peligro que podría suponer esta medida si se utiliza como opción para blanquear dinero.

Fuente: El País

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