El Gobierno estimula fiscalmente el fracking

Una modificación en la Ley de Hidrocarburos reduce la fiscalidad sobre las extracciones de petróleo y gas mediante el fracking hasta el mínimo posible.

fracking

Nada más darse por iniciada la ‘Guerra del petróleo‘, la palabra ‘fracking’ comenzó a ser de dominio público y a ser utilizada como uno de los detonantes del desplome de los precios del crudo. Por un lado, la utilización de esta técnica reduce los costes de extracción y ello consigue que los precios de venta al público de los derivados del petróleo sean más bajos. Por otro, precisamente para evitar esta situación la cúpula de la OPEP inició su ofensiva bajista. Ahora, España quiere fomentar su uso.

Es de sobra conocido que la dependencia energética de nuestro país nos obliga a asumir unos costes muy notables que, en última instancia, son uno de los principales elementos que explican nuestro déficit comercial. El Gobierno lleva tiempo queriendo paliar esta tendencia mediante el fomento de la búsqueda de recursos propios. Por ello, la semana pasada se aprobó un cambio en la Ley de Hidrocarburos de 1998 que persigue hacer más atractivo el empleo del fracking en el territorio nacional. Su fiscalidad será considerablemente más baja.

Aunque no se ha fijado la cuantía exacta, sí que se aboga por una horquilla impositiva de entre el 1 y el 4% en función del volumen de petróleo extraído (lo habitual en el resto de extracciones es abonar entre un 3 y un 5%). El Ejecutivo es consciente que las empresas son muy reticentes a acometer proyectos de este tipo en nuestro país por la dificultad técnica y el fuerte rechazo popular, por lo que la medida intentaría compensar parcialmente estas circunstancias.

El Gobierno también ha tratado de suavizar las posturas de los agentes que suelen posicionarse más abiertamente en contra de las extracciones, los municipios donde se llevan a cabo los trabajos y sus vecinos. Estos colectivos contarán desde ahora con un mayor porcentaje de ingresos, lo que se traducirá en pagos fijos de entre 300.000 y 600.000 euros por cada pozo a los ayuntamientos. Paralelamente, los propietarios de los terrenos se llevarán un 1% del valor del petróleo y el gas extraídos del subsuelo.

Vía: ABC

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