El fallo contra las renovables: ¿un caso de inseguridad jurídica?

El TC avala la urgencia del decreto de 2013 que reducía considerablemente las primas a las energías renovables y no ve inseguridad jurídica en ello.

renovables

La semana pasada, el Tribunal Constitucional (TC) resolvió el esperado fallo sobre la reducción sustancial de las primas a las energías renovables que el Gobierno acometió en 2013. En aquella ocasión, el Ejecutivo realizó este ajuste amparándose en la urgencia de ajustar los gastos del Estado, probando su necesidad para cumplir el objetivo de déficit. Lógicamente, la decisión causó un gran malestar en el sector e incluso la Región de Murcia, autonomía con gran peso de las renovables, interpuso un recurso parcial ante el Constitucional.

El fallo del Alto Tribunal corrobora la justificación que el Gobierno dio a través del Real Decreto-Ley 9/2013, confirmando el carácter urgente de la actuación gubernamental. Para contextualizar la medida, el Ministerio de Industria apuntó que el aumento del déficit tarifario exigía actuaciones de este tipo con celeridad. Literalmente, el texto del decreto señalaba que había que actuar contra el ‘aumento imprevisto del déficit tarifario’. En cualquier caso, la apelación a la norma no radicaba en su necesidad sino en si vulneraba la seguridad jurídica en el ámbito de las subvenciones.

Ahí es donde estriba el debate sobre el fallo del TC. Los magistrados han entendido, salvo tres votos discrepantes, que el principio de seguridad jurídica no era aplicable en este caso porque los cambios legislativos de esta índole resultan ‘previsibles’. Dicho de otro modo, la fundamentación de la sentencia se basa en que las ayudas públicas están sujetas a numerosas variables, pudiendo aumentarse o disminuirse según el momento. Simplemente, hay que vigilar que la reducción se lleve a cabo por los cauces legislativos correspondientes y con la debida notificación.

No es esta la visión que tienen las empresas afectadas o el Gobierno murciano, que, recordemos, también está controlado por el Partido Popular. Según su punto de vista, sí que se ha vulnerado claramente el principio de seguridad jurídica puesto que las compañías habían contado con dichas ayudas en sus proyecciones y balances. De este modo, una reducción drástica afecta ineludiblemente a sus cuentas, obligándolas a redefinir su plan de negocio y a reducir inversiones viables.

Vía: Hoy.

Foto: renovables vía Shutterstock

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