El culebrón de la devolución de la extra de 2012 puede estar llegando a su fin

El Consejo de Ministros aprueba devolver otro 26,23% de la paga suprimida y quedará pendiente un 48,7% que se reintegrará en enero.

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A finales de 2012, el Gobierno de España decidió suprimir la tradicional paga extra que abona a todos los funcionarios en diciembre. En esa ocasión, la crítica situación de las cuentas públicas llevó al Ejecutivo a entender que la polémica supresión era necesaria para reducir algo el abultado déficit. Tres años después, el Gobierno se ha comprometido a devolver aquella paga pero las condiciones en las que ingresará las nóminas han dado lugar a una acalorada discusión entre los responsables políticos y los sindicales.

A principios de 2015 se procedió a devolver el 25% de la paga extra suprimida, dando cumplimiento a un compromiso anterior del Ejecutivo. La semana pasada se aprobó en el Consejo de Ministros la devolución de otro 26,23%, por lo que más de la mitad de la nómina navideña se habrá devuelto en breves. Para culminar el proceso, CSIF ha asegurado que el 48,7% restante será entregado en el próximo mes de enero. Así ha quedado decidido tras una intensa reunión entre el ministerio y los principales sindicatos.

Aunque la paga extra no es homogénea para todo el cuerpo de funcionarios puesto que depende del grupo al que pertenezca cada uno, CSIF estima que en enero se devolverán de media 750 euros a cada trabajador público. Paralelamente, el pago acordado la semana pasada ascenderá a unos 400. Eso sí, desde Hacienda no se ha confirmado públicamente que la cantidad que quede por abonar tras el próximo ingreso se remita en un único pago, lo que abriría la puerta a un abono fraccionado (como ha sucedido hasta ahora).

Los funcionarios están doblemente de enhorabuena puesto que el citado Consejo de Ministros también aprobó devolver ocho días libres que habían sido suprimidos en diferentes momentos. Dichas jornadas obedecen a vacaciones por antigüedad, moscosos y canosos (en jerga del sector), y el número total de que dispondrá cada funcionario vuelve a estar sujeto a su circunstancias profesionales. Con todas estas medidas se acerca por fin la conclusión de una polémica que el Gobierno quería cerrar antes de las elecciones.

Vía: ABC.

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