Bruselas cuestiona la viabilidad del sistema aeroportuario español

El Tribunal de Cuentas de la UE detecta que hasta ocho aeropuertos españoles han realizado ampliaciones con fondos comunitarios sin justificación técnica.

barajas

A pesar de que el aeropuerto de Castellón se ha convertido, y con razón, en uno de los símbolos más poderosos de la mala gestión política, la realidad es que en España existen otros casos tanto o más flagrantes en lo que se refiere a infraestructuras aeroportuarias. Estos excesos no han pasado desapercibidos a la Unión Europea, cuyo Tribunal de Cuentas ha puesto en la diana a ocho aeropuertos españoles que recibieron fondos comunitarios y que no han cumplido con los objetivos pactados.

Uno de los casos más sonados es el del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, que a pesar de ser uno de los primeros en lo que a volumen de tráfico se refiere, no ha justificado, a ojos de Bruselas, la última inversión que realizó en él. En cualquier caso, la infraestructura madrileña no es precisamente la que más preocupa al tribunal europeo. Más sangrante encuentra el caso, por ejemplo, de la ampliación del aeropuerto de Córdoba. Las nuevas instalaciones, a las que Bruselas aportó 12,6 millones de euros, no encuentran justificación técnica alguna.

En este caso, es evidente que la cercanía de dos aeropuertos más importantes como los de Sevilla y Málaga contribuye a que el tráfico de viajeros sea bastante modesto. Otro tanto ocurre en el aeropuerto de Badajoz, una infraestructura sobre la que ya planeaban acusaciones de infrautilización antes incluso de que llegaran las últimas inversiones. Es evidente que el turismo potencial de Extremadura suele optar por otros métodos de transporte, ya que es marcadamente nacional. El aparentemente más solvente aeropuerto de Fuerteventura tampoco escapa de las críticas.

A pesar de recibir una cantidad relativamente importante de pasajero (como no podría ser de otra forma al tratarse de una isla), las actuaciones llevadas a cabo recientemente han resultado muy dispendiosas y desde las instancias comunitarias se exigen explicaciones. Entre el resto de ‘puntos negros’, Bruselas apunta a La Palma (diseñado para gestionar treinta movimientos por hora cuando solamente se producen trece), Burgos (acumula pérdidas de 30 millones de euros), Murcia (cuyos retrasos parecen endémicos) y Vigo.

Vía: El Mundo

Foto: Jean-Pierre Dalbéra

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