Una reforma fiscal ambiental como freno de la economía sumergida y mejora del medio ambiente

La preocupación por el impacto medioambiental creciente así como la economía sumergida son las principales razones que explican que, desde la década de los 90, se venga estudiando el efecto que tendría una reforma fiscal ambiental en el sistema económico.

Estudios que no se han tenido en cuenta hasta ahora, aún a sabiendas que la economía sumergida es un problema que afecta a la gran mayoría de países. En el caso de España, por ejemplo, llega a alcanzar entre el 20 y el 25% del PIB.

Nuevamente, un grupo de investigadores de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) y el Basque Center for Climate Change (BC3) ha abordado este tema, concluyendo que una reforma fiscal ambiental podría ayudar a reducir el daño que la economía sumergida genera sobre el sistema público así como a una mejora ambiental. La revista especializada Energy Economics ha publicado la investigación en versión online que, posteriormente, complementará con la edición en papel.

La aparición continuada de diferentes problemas ambientales ha motivado la realización de numerosos trabajos académicos centrados en estudiar cómo integrar una reforma fiscal ambiental y los beneficios que tendría en la economía. Se toma como una propuesta para combatir los problemas ambientales gracias a acciones tales como la imposición de impuestos sobre las actividades asociadas a dichos problemas, como puede ser la emisión de CO2.

Tal y como explicaba Mikel González-Eguino, uno de los investigadores que ha participado en el estudio mencionado, los impuestos ambientales se convierten en la forma de asegurar que los consumidores y las empresas paguen por el daño que genera la polución sobre la sociedad. Además, resultarían eficaces para inducir cambios en nuestros hábitos o comportamientos diarios orientados a reducir la contaminación y preservar el medio ambiente.

En la reforma fiscal ambiental propuesta, se haría uso de los ingresos procedentes de los llamados “impuestos verdes” para reducir los impuestos sobre el trabajo y así poner freno a la economía sumergida. Se trataría de recaudar el dinero necesario para mantener los servicios públicos existentes a través de más impuestos ambientales y menos laborales.

Los investigadores de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) y el Basque Center for Climate Change (BC3) utilizaron modelos económicos para simular como afectaría a la economía española general una reforma de este tipo, contemplando por primera vez el factor de la economía sumergida.

La conclusión extraída es que el sistema impositivo saldría reforzado. Es decir, la introducción de impuestos ambientales permitiría apostar por una reducción de los impuestos sobre el trabajo, disminuyendo la ineficiencia del sistema tributario y la presión fiscal. Todo ello, generaría un aumento de la actividad económica, un descenso del desempleo y la bajada de la economía sumergida.

Pero no todos son ventajas, también es necesario tener en cuenta los posibles efectos regresivos de estas reformas, especialmente sobre los grupos más vulnerables obligados a hacer frente a los “impuestos verdes”, por lo deberían incluirse mecanismos para corregir dichos efectos. Aún está por ver si la iniciativa tiene posibilidades de aplicarse en la realidad.

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