Proyecto de Ley de Sostenibilidad de la Administración Local: una administración, una competencia

Manuel Cobo, secretario ejecutivo de Política Local del Partido Popular, se ha reunido esta semana con alcaldes y concejales de su partido, pertenecientes a la provincia de León, para explicar las características del anteproyecto de Ley de Sostenibilidad de la Administración Local.

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Tras el desconcierto que ha generado la propuesta de Ley, Cobo asegura que irá en concordancia con la Ley de Ordenación de Castilla y León, la cual se encuentra también en trámites de aprobación. En palabras del ex vicealcalde de Madrid, “no puede haber un texto en España que difiera en Castilla y León”. Contarán con la opinión de los municipios, ya que ambos proyectos necesitan del beneplácito de éstos.

Dadas las disfuncionalidades que se han generado con la Ley 7/1985, de 2 de abril, que regula las Bases del Régimen Local, en la que existía un vacío legal en cuanto a si ciertas materias resultaban competencia de municipios y provincias o correspondía al Estado regularlas, el Tribunal Constitucional ha determinado que es el segundo quién debe imponer las bases del modelo competencial. El cometido es terminar con las llamadas “competencias impropias”.

Para ello, el debatido Proyecto plantea la supresión de ciertas entidades locales que no presenten sus cuentas conforme a la transparencia y la legalidad. Cobo desmiente que se estén planteando eliminar las administraciones locales, solo van a dar a conocer a la población en qué se emplea el dinero público y a tratar de eliminar los gastos innecesarios.

El Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local señala que evitando la duplicidad de las competencias se pretende ahorrar por lo menos 3.500 millones de euros, y para ello se eliminarán las 3.725 entidades locales más reducidas que existen en la actualidad. Aquellas mancomunidades que no resulten sostenibles financieramente serán absorbidas por las Diputaciones provinciales, a las que tratarán de reforzar.

Se impone un máximo en los sueldos de los alcaldes y presidentes de las Diputaciones, que, según se indica, no podrán rebasar los salarios de los ministros.
Por último se pretende que en las próximas elecciones se eliminen los puestos de más de 21 mil concejales, poniendo un límite de 35 concejales por municipio.

Todas estas posibles medidas han desencadenado dudas en las provincias, y protestas por parte de la oposición, quienes aseguran que la Ley resulta confusa para la población, y que eliminar las comarcas supondrá la extinción del concepto histórico, tradicional y arraigado del que está dotado el país.

Cobo aseguró que se trata de la ley en la que más administraciones han participado en nuestra historia democrática, aunque no será aprobada por unanimidad, habiendo sido ya rechazada por el presidente de Andalucía.

Imagen: Toprural en Flickr

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