Iberpotash, nueva denuncia medioambiental contra España

La inacción de la Generalitat de Catalunya ante la contaminación de la minera Iberpotash ha hecho que un vecino de Sallent (Barcelona) lleve a España ante la justicia europea.

Sebastià Estradé es un vecino nonagenario de Sallent (Barcelona), que desde el año 2.000 comenzó una guerra judicial contra la Generalitat de Catalunya por su inacción ante los daños que medioambientales que provoca en la comarca del Bages la extracción minera, concretamente la actividad de Iberpotash,  filial de la empresa israelí ICL, que se encarga de explotar las últimas minas de potasa que hay en España, en Sallent y en la vecina Súria. Tras más de una década de litigios con la justicia española y catalana, ha llevado su lucha a Europa en la que es la última denuncia contra España por temas medioambientales.

La demanda de Estradé tiene dos partes. Por una parte, reclama a Iberopotash un estudio de restauración para las montañas con escombros que se han generado en Sallent a lo largo de los años a causa de la actividad minera. La montaña (en el centro de la imagen, de color gris) tiene un tamaño parecido al a del Tibidabo.  Por la otra, pide a la Generalitat la fijación de una fianza para la compañía equivalente al coste de la rehabilitación de la zona. Tras una fianza inicial de medio millón de euros, ha logrado que suba a los 6’9, muy lejos de los 120 millones que reclama amparándose en un estudio de Ramon Folch & Associats.

Según este estudio, en los últimos 30 años la Generalitat de Catalunya ha invertido cerca de 200 millones de euros para paliar la salinización de los ríos Llobregat y Cardener, uno de sus afluentes, que son los que abastecen de agua Barcelona y su área metropolitana. La fianza que proponen incluye el aumento de producción que Iberpotash tiene previsto de cara a las próximas décadas en su plan Phoenix, aunque el bufete ambientalista explica que la cantidad se podría ir reduciendo paralelamente a la reparación del daño causado por la montaña de sal.

Si Europa acepta la denuncia de Estradé, España debería hacer frente a sanciones económicas por la inacción de la Administración durante unos años en los que incluso ha financiado parte de los costes de la explotación de las minas. Estradé acusa a la Generalitat de «cobarde» al no actuar contra la compañía, que podría ver como se paralizan su actividad y el plan Phoenix, en el que pretende abandonar las minas de Sallent y centrar toda su actividad en las de Súria.

Hasta ahora, Estradé, doctor en Derecho, solo ha obtenido una victoria judicial, aunque el resultado no lo ha dejado para nada satisfecho. Se trata del aumento de la fianza de 585.153 euros a los 13’9 millones, aunque el ejecutivo de Mas aplicó una rebaja del 50%, dejándola en 6’9 millones de euros. Esta es la misma cantidad que la Agència Catalana de l’Aigua impuso a Vilafruns, también en Sallent, con un tamaño seis veces menor al de Iberpotash.

Fuente: El País

Foto: E.R.R.

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