Europa investiga el AVE fantasma Antequera-Marchena

Europa investiga al vulneración de las leyes medioambientales comunitarias del tramo de AVE entre Antequera y Marchena, inacabado por falta de presupuesto, que atraviesa una ZEPA.

La historia del AVE fantasma entre Antequera (Málaga) y Marchena (Sevilla) es el enésimo ejemplo de urbanismo desenfrenado en España. Las obras se pararon debido a la falta de presupuesto, con 77 kilómetros de vía férrea construida que los vecinos aprovechan para pasear al perro, salir en bici o incluso burlar controles policiales. Por no hablar de los robos de vallas o postes de protección. Pero todo esto son menudeces si tenemos en cuenta el último problema: una investigación europea por vulnerar las leyes ambientales.

Ecologistas en Acción denunció ante la Unión Europea que tres tramos del eje ferroviario transversal (los de Marchena-Osuna I-II y la Variante de Osuna) pasan por la laguna de Ojuelos, afectando la ZEPA Campiñas de Osuna. Es una zona sensible de espacio protegido donde nidifican la Avutarda o la Ganga Ortega, además de otras aves en peligro de extinción. Estos tramos incumplen las leyes ambientales comunitarias, y la Comisión ya ha iniciado el procedimiento de infracción correspondiente.

Ahora, la Comisión espera una respuesta de la Junta de Andalucía -que de momento guarda silencio- antes de decidir si el caso acaba en la Corte Penal Europea. Además, las autoridades europeas recuerdan que el proceso de infracción contra la Junta implica que el proyecto ya no se podrá cofinanciar con fondos procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional al incumplir los requisitos ambientales, aunque desde el Gobierno andaluz señalan que la Junta renunció a esos fondos debido a la crisis pese a que los pidió en un primer momento.

A lo que Andalucía no renunció es al préstamo de 279 millones de euros del Banco Europeo de Inversiones que ahora tiene que devolver. El coste de finalizar el proyecto es de 200 millones de euros, y el presupuesto de obras públicas andaluz para 2014 es de 300. Una de las propuestas de la Junta para la plataforma ya construida es que se convierta en pista de pruebas de trenes, a lo que se opone en Gobierno central, que no está dispuesto a hacerse cargo de «facturas ajenas».

Mientras, los ecologistas recuerdan que la obra es ilegal y solicitan un nuevo trazado lejos de la ZEPA. También piden a la Junta que restituya el hábitat de las aves protegidas, y añaden que si es necesario destruir el viaducto a medio construir, que se destruya. Si el caso acaba en el Tribunal de Estrasburgo, como creen los ecologistas, el gobierno autonómico podría enfrentarse a una importante sanción económica, que se sumaría a los multimillonarios costes de un AVE sin vías, catenaria ni trenes.

Via: La Vanguardia

Foto: Dariusz Sieczkowski

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