El Gobierno da luz verde al fracking

El Gobierno ha aprobado nuevos impuestos a la extracción de hidrocarburos para tratar de reducir la oposición social al fracking y a las prospecciones petrolíferas.

Mientras en Lima se celebraba la Cumbre del Clima, el Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes la reforma de la Ley de Hidrocarburos, que en la práctica supone dar luz verde al fracking y pretende impulsar las prospecciones petrolíferas. Para vencer las resistencias a estas prácticas, incluso desde las filas del propio Partido Popular, el Gobierno creará un impuesto sobre la extracción de hidrocarburos. Tras pasar por el Consejo de Ministros, la pelota está en el tejado del Congreso y el Senado, ambas cámaras con mayoría del PP.

La medida estrella de la reforma es la creación de un impuesto «sobre el valor de la producción de hidrocarburos». Parte de lo que se recaude con esta tasa (el ministro de industria, José Manuel Soria, no especificó la cantidad) irá a parar a las comunidades autónomas o municipios en los que se encuentren los yacimientos, o si estos son marinos a la comunidad más cercana. La tasa, que podría estar sobre el 8% de la producción es similar a la que tienen otros países como Italia.

Además, los dueños de los terrenos que estén sobre el yacimiento también recibirán una compensación del 1%. Eso si, Soria dejó bien claro que estas compensaciones solo se pagarán si la empresa pone en marcha el proyecto de extracción. Junto a esta tasa de compensación, se crea un nuevo cánon para la realización de sondeos y pruebas sísmicas, que deberán abonar todas las empresas que los lleven a cabo independientemente de si al final siguen adelante con la extracción o no.

Estas medidas anunciadas por el Gobierno buscan acabar con la oposición a las prospecciones y al fracking prometiendo unos beneficios que en ningún caso están asegurados, y como no podía ser de otra manera no han sentado nada bien entre la sociedad ni en los gobiernos autonómicos. Por ejemplo, el presidente canario, Paulino Rivero, le dijo a Soria que las islas «no están en venta, ni siquiera en alquiler» después de que el también líder del PP canario cifrase entre 300 y 400 millones de euros los beneficios para el archipiélago si Repsol decide extraer petróleo.

Igual de polémicas que las prospecciones es el fracking, vetado en cuatro comunidades autónomas aunque la justicia haya suspendido esta prohibición. Gobiernos autonómicos y municipales de todos los colores políticos -incluido el PP- han rechazado esta práctica, y en algunos casos han aprobado moratorias que dificultan que se lleve a cabo pese a la clara apuesta del Gobierno por los combustibles fósiles frente a las renovables.

Vía: El País

Foto: Red.es

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