Aprobada la Ley de Evaluación Ambiental

Los votos del PP han bastado para que se apruebe la Ley de Evaluación Ambiental, que incluye el trasvase Tajo-Segura o un incremento de las multas en casos de bunkering.

La aprobación de la nueva ley educativa el pasado 28 de noviembre dejó en un segundo plano la ratificación de la Ley de Evaluación Ambiental, que igual que la LOMCE solo salió adelante con los votos del Partido Popular. Solo CiU apoyó dos enmiendas, mientras que el resto de partidos del Congreso votaron en contra de una ley que regula la medición y prevención del impacto en el medio ambiente de proyectos y obliga a evaluar todos los proyectos de fracking.

Uno de los objetivos de la ley, según el ministerio de Medio Ambiente, es simplificar y agilizar los procesos para aprobar los estudios de impacto ambiental de los proyectos que los necesiten; ya que, según el ministro Arias Cañete, hay 10.000 expedientes a la espera de una resolución. Los ecologistas critican el carácter de la ley, ya que podría suponer la aprobación de más proyectos en menos tiempo.

Dentro de la Ley de Protección Ambiental también se incluye el memorando del trasvase Tajo-Segura, en el que se refleja el acuerdo al que llegaron las cinco comunidades dependientes del Tajo y el ministerio hace un mes. Así, Castilla-La Mancha se asegura aumentar su reserva de agua exclusiva de 240 a 400 hectómetros cúbicos; mientras que Valencia y Murcia consiguen que la prolongación del trasvase se convierta en ley y los trasvases aumenten si llueve.

Las propuestas de CiU apoyadas por el PP se refieren al artículo que permite excluir del control de impacto ambiental la construcción de cárceles y que alude a la creación de bancos de conservación de naturaleza. Se trata de compensar el daño medioambiental provocado por un proyecto a cambio de un trabajo de recuperación en un sitio diferente, algo muy común en Estados Unidos desde los años 80 pero que, como critican oposición y ecologistas, supone «pagar por contaminar».

Además de todo esto, la nueva ley contempla dos medidas relativas a casos de reciente actualidad. El primero es el aumento de las multas al llamado bunkering (barcos permanentemente fondeados hacen de gasolinera flotante); y el segundo la obligación de que todos los proyectos incluyan estudios de peligrosidad sísmica. Esta última medida es fruto de los cientos de terremotos provocados en el norte de Castellón y sur de Tarragona por el Proyecto Castor.

Fuente: El País

Foto: mcxurxo

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