Telefónica, multada por Argentina

Telefónica ha sido multada por el gobierno argentino con una cantidad de 32 millones de euros por el apagón del servicio del pasado mes de abril. Con el coste de la multa se prevé indemnizar a cada cliente con una media de 1,7 euros. En el horizonte se ve el temor a que el contrato que tiene la entidad española para operar en el país sudamericano finalice antes de lo previsto por la falta de profesionalidad demostrada

Ahora ya que el río ha llegado a aguas más tranquilas, vuelve un nuevo tramo que le hará agitarse como antes. Después de toda la polémica que ha rodeado a la expropiación de la filial YPF de Repsol, en Argentina vuelven a la carga contra otra empresa española. No se trata de una nueva nacionalización, como algunos se temen, pero es un primer paso o un toque de atención para que las empresas extranjeras en suelo argentino cambien su manera de hacer las cosas. Antes de nada, me gustaría apuntar una nueva medida que ha llevado a cabo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner para proteger la industria nacional. Se trata de las trabas a la importación de cerdo (principalmente, el español), con la intención de contentar a los ganaderos nacionales.

Telefónica dejó sin servicio a más de 18 millones de usuarios

El caso que me trae hoy aquí es de una entidad diferente. Se trata de la multa que Argentina ha impuesto a Telefónica por el apagón sufrido el pasado mes de abril. El castigo asciende a los 32 millones de euros y en el horizonte se ve el temor a que el contrato que tiene la entidad española para operar en el país sudamericano finalice antes de lo previsto por la falta de profesionalidad demostrada. Y es que, tras un mes de investigaciones, todavía no se han esclarecido las causas que dejaron sin servicio a más de 18 millones de usuarios durante varias horas. Con el coste de la multa se prevé indemnizar a cada cliente con una media de 1,7 euros.

Es en el caso Telefónica donde se ve el doble rasero que utilizan las autoridades españolas para defender lo que creen que es suyo. Y es que, si bien la noticia no ha sentado nada bien a la empresa (sobre todo, por una posible amenaza de expropiación, algo que ya dejó entrever la presidenta argentina cuando anunció la compra de YPF), poco pueden hacer con lo que se dicta desde Bruselas. Mientras que en unas ocasiones ponen como excusa para sus actuaciones los mandatos de los Unión Europea, en otras, como el de la Telefonía, las obligaciones impuestas sientan como losas. Me estoy refiriendo al hecho de que el Parlamento Europeo haya ordenado tajantemente una reducción de las tarifas móviles que empresas como Movistar o Vodafone en España se negaban a retocar. Demostrado lo abusivo del tema, se ha estipulado que el coste máximo por llamada no puede superar los 29 céntimos por minuto.

Foto: albertoog

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