España descarta aplicar la tasa Tobin en 2016 y evidencia las discrepancias comunitarias

La aplicación del polémico impuesto a las operaciones bursátiles podría posponerse hasta 2017 debido a las diferencias entre los once países que acordaron su implementación.

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La tasa Tobin era o es una de las principales respuestas de la Unión Europea a las voces más críticas con la supuesta laxitud con la que los distintos órganos supervisores regulan las operaciones financieras en el viejo continente. En realidad, no se trataba de una propuesta generada en algunos de los numerosos organismos comunitarios sino que se adueñaba de una idea expuesta por el economista James Tobin en 1971. Este impuesto recaudaría de manera directa una parte de las ganancias derivadas de cualquier operación bursátil.

Tras varios años de discusión, parece que los socios europeos no ven nada claro cuándo debe empezar a recaudarse esta tasa. Y es que, cada país exige que el nuevo gravamen se aplique en uno u otro tipo de operación en función de cuál le conviene más a sus propios intereses. Así, no sorprende que el ministro español de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, haya asegurado que no ve posible que la tasa Tobin entre en vigor durante 2016, como originalmente estaba previsto, y aplace su aplicación hasta 2017.

El caso español no es ni mucho menos una excepción dentro del consenso general. De entrada, de los veintiocho países que forman parte de la UE solo once se han comprometido a aplicar la tasa Tobin. Pesos pesados como Reino Unido, Países Bajos, Dinamarca, Finlandia o Suecia se han opuesto al tributo, al tiempo que otros países como la República Checa, Polonia o Serbia se muestran indecisos ante su aplicación. De este modo, poco más de un tercio de los socios comunitarios comenzarían a gravar algunas operaciones financieras.

Este hecho supondría que en un mismo espacio político-económico convivirían regulaciones muy dispares en temas en los que todos los países involucrados están en mayor o menor medida involucrados. Dicho de otro modo, un inversor en renta variable podría encontrarse con que Lituania le aplica un impuesto que Letonia y Estonia no, con lo que su decisión de mover grandes capitales en un país podría modificarse en consecuencia. Esto plantea dudas sobre la eficacia recaudatoria del tributo.

Vía: Cinco Días.

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