Tras dos años y medio de instrucción, parece que el ‘caso Bankia’ comienza a estar casi perfilado por completo. La filtración del informe pericial de los técnicos judiciales no deja lugar a dudas: Bankia salió a bolsa presentando unas cuentas que no se correspondían con la realidad. Según se desprende de dicho documento, el entonces tercer grupo bancario español ocultó importantes deudas provenientes de malas inversiones tanto en España como en el extranjero. En consecuencia, la entidad presentó beneficios cuando estaba en pérdidas.
El informe, que presenta más de 400 páginas, deja en una posición muy comprometida a Rodrigo Rato, último presidente de Bankia antes de su nacionalización. El que fuera ministro de Economía entre 1996 y 2004 sabía, según los peritos, que las prácticas contables que se estaban llevando a cabo para maquillar las cuentas eran completamente ilegales. Por ello, Bankia comenzó a cotizar con unos precios por acción que estaban artificialmente hinchados y no en escasa medida. Frente a los cerca de 200 millones de euros de beneficios declarados, existían pérdidas de más de 2.000 millones.
La salida de Bankia a bolsa nunca debió de producirse en esas circunstancias, puesto que ninguna empresa en números rojos puede plantear un Operación Pública de Venta (OPV). Con todo, las pesquisas de los peritos no se quedan en esta grave falta. El informe señala además que la entidad pudo comercializar una parte de sus títulos bursátiles entre sus clientes. De este modo, Bankia habría ocultado información deliberadamente a los inversores. Más grave todavía es la acusación implícita de que el banco obligó a determinados clientes a adquirir acciones.
Otro frente de problemas judiciales se encuentra en las auditorías correspondientes a los ejercicios 2010, 2011 y 2012. El juez instructor interpreta que Bankia no cumplió la normativa española a la hora de presentar sus cuentas, algo que podría afectar a Deloitte, auditora de la entidad. Al margen de la investigación principal, los peritos también han confirmado que la existencia de las tarjetas ‘B’ era de dominio público y que hubo ‘voluntad de ocultación’.
Vía: El Mundo.
Loading ...