Se retoma el juicio a Garzón

El juez Baltasar Garzón ha comenzado a declarar como acusado de prevaricación en el caso del franquismo, luego de que la Sala Penal del Supremo rechazara todas las cuestiones previas en su defensa. Garzón se ha negado a contestar a las preguntas de los acusadores, y solo lo ha hecho a su defensa y al fiscal. Para la Sala, «sin perjuicio de los excesos en la instrucción los actos producidos no tienen entidad suficiente» y no generan indefensión, y concluyen que la acusación popular tiene legitimación para sentar al juez en el banquillo. 

De esta forma, rechazan los argumentos de la semana pasada por parte de la defensa, que solicitó la anulación de todo el procedimiento por ser aplicable en este caso la «doctrina Botín», que establece que la acusación popular no es suficiente para sostener una causa si la Fiscalía no presenta una acusación. Esta doctrina se justificaría en el hecho de que el acusado se sienta en el banquillo con la única acusación de Manos Limpias y la organización Libertad e Identidad, sin que hayan presentado cargos ni el Ministerio Público ni ninguna de las partes perjudicadas. Además, su abogado, Gonzalo Martínez Fresneda, planteó la nulidad de todas las actuaciones desarrolladas por el instructor del caso, Luciano Varela, desde el 20 de abril de 2010, de subsanar determinados defectos que presentaban los escritos de acusación. 

Por su parte, el tribunal considera que los hechos juzgados son de «naturaleza pública», por lo que se puede aplicar la «doctrina Atutxa» del Supremo, en la que se establece la legitimidad de la acción popular para acusar en solitario cuando el asunto tenga un interés general. La vista proseguirá con las sesiones previstas hasta el 13 de febrero, cuando se ha fijado la exposición de los informes finales por todas las partes. Para hoy y mañana están citadas seis personas -María Martín López, Pino Sosa, Ángel Rodríguez Gallardo, Josefina Musulen Giménez, Antonio Oliver París- pertenecientes en su mayoría a la asociación Memoria Histórica que  forman parte de la defensa.

El escrito de acusación presentado por Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad solicita 20 años de inhabilitación para le juez por iniciar unas diligencias sobre los desaparecidos en el franquismo sin competencia legal para ello, eludiendo la Ley de Amnistía y la Ley de Memoria Histórica, en contra de los principios básicos del Estado de Derecho.

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