Pedraz archiva la causa contra los convocantes del 25-S

El juez Pedraz da carpetazo a la denuncia contra los convocantes del 25-S y se ampara en el derecho a la libertad de expresión de los imputados.

Los ocho promotores de la manifestación del 25-S han sido absueltos por el juez Santiago Pedraz al considerar que no incurrieron en ningún delito contra las Instituciones. El en auto dictado por el juez de la Audiencia Nacional, se detalla que los imputados no intentaron invadir el Congreso de los Diputados ni alteraron el desarrollo de la actividad dentro del hemiciclo. Pedraz sostiene que los manifestantes estaban haciendo uso de su derecho a la libertad de expresióny tilda las acusaciones de la Policía Nacional de «muy graves».

Siete de los ocho imputados en el caso prestaron declaración ayer ante el juez Pedraz para defender su inocencia, mientras que uno de ellos, Antonio López, un jornalero de Jerez del Marquesado (Granada) se negó a prestar declaración acogiéndose a la «objeción de conciencia». El magistrado consideró que su aportación al caso resultaba «indiferente», por lo que también archivó la causa interpuesta respecto a él.

«El objetivo de conseguir la dimisión de Gobierno y la apertura de un proceso constituyente con el que se presentó la protesta, no solo no es delictivo, sino que está protegido por el derecho a la libertad de expresión»,sentenciaba la resolución. En dicha sentencia el juez también recuerda que la convocatoria fue autorizada por la Delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, puesto que el objetivo de la manifestación era permanecer en los alrededores del Congreso sin llegar a penetrar en él.

Sin embargo, el hecho más llamativo del auto es que el magistrado alude a la «convenida decadencia de la clase política» como un argumento a favor de la defensa de los imputados. En esta misma tónica, Pedraz critica a la Policía Nacional por sus graves acusaciones y les recuerda que no es competencia suya dictaminar si se ha incurrido o no en delito alguno, ya que dicha labor corresponde a los juzgados.

Vía / El País

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