Legalidad del Software Libre

La legislación española no tiene una Ley particular para el uso del software libre, existen normas que se aplican a tal o cual aspecto y lo más cercano que existe es el sistema de franquicias; sin embargo si se observa el uso y aceptación de la licencia es factible su aplicación en las empresas.

Muchos de nosotros no conocemos o simplemente no estamos informados sobre los aspectos legales que engloban el uso del software libre principalmente aquí en España, y bueno motivado por esa curiosidad, ya que tampoco los conocía, me puse a investigar un poquito y encontré una variedad de normas y conceptos que respaldan de una u otra forma esta iniciativa, considerando como base la constitución española que como muchas otras, respalda el libre derecho a la información, entendiéndose esta en un sentido amplio; considerándose además temas como, el empleo de software de prueba o la realización de copias de seguridad de algún programa, lo cual puede hacerse siempre y cuando no se vulnere el derecho de propiedad intelectual.

Me pareció interesante la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal (LORTAD 15/1999 publicada en BOE. núm. 298, de 14 de diciembre de 1999), que trata temas relacionados con la protección de la intimidad, el uso de copies, la integridad y autenticidad de los datos que se transfieren; abarca inclusive el asunto de el encriptado de la información y el muy conocido tema de las comunicaciones seguras en Internet que implica a los sitios que transfieren y reciben dinero. Hay que considerar que España respecto a los demás países europeos, está bien avanzada, ya que hay que en este aspecto no hay una postura uniforme, motivo por el cual la Comisión Europea está estudiando una serie de soluciones intermedias que permitan establecer cierta libertad a cambio de restricciones en algunos campos del manejo de la información. Un último aspecto de la LORTAD, trata sobre los derechos y deberes del propietario de las bases de datos, así como la reglamentación sobre su uso. Diferencia entre la titularidad de la base de datos y la titularidad de los contenidos.

Asimismo, España se caracteriza por contar con una amplia normativa que regula el comercio en Internet, contemplándose aspectos como el empleo de firmas digitales y se establece el concepto de emisor de certificados digitales de autenticidad, los que son de suma importancia en los sitios bancarios.

La Ley Orgánica de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar, y a la Propia Imagen (publicada en BOE núm. 115, de 14-05-1982), es de aplicación a los sitios Web, en tanto proteje contra la pornografía ilegal, incluyendo la infantil. Todos los sitios Web residentes en España caen bajo la jurisdicción de las leyes españolas, con independencia del usuario; en este caso se complementa con las disposiciones de la LORTAD, estableciendo cláusulas de confidencialidad, autenticidad y accesibilidad; regulando la transferencia y difusión de los datos. Por tanto y derivado de ello queda establecido el concepto de responsabilidad civil y penal, existiendo penalidades legales por un mal uso de dicha información. Sin embargo hay que aclarar que esta responsabilidad civil no se extiende a los diseñadores de programas, por lo que debido a un mal rendimiento del software o funcionamiento incorrecto no es posible demandar al particular o empresa que han participado como autores de esta creación.


De especial interés es la Ley de Propiedad intelectual (Real Decreto Legislativo 1/1996 publicado en BOE núm. 97, de 22-04-1996), y su aplicación al software; la legislación actual identifica claramente el concepto de producto software diferenciándolo del de creación literaria o artística: el software es una cosa que se utiliza como un libro: una sola persona a la vez en un único sitio. Algo interesante es el ejemplo de la Ley de Contratos del Estado, que permite a éste utilizar software legalmente adquirido del modo que considere más conveniente con independencia del uso original, degenerando en licencias algo libres para su empleo en universidades y organismos públicos. Actualizaciones a esta norma han incluido el concepto de software y de programa de ordenador; dejando establecido los detalles sobre la titularidad del software, los derechos de uso y copia. Queda señalado expresamente que el derecho de uso no conlleva la transferencia de titularidad, definiendo en forma clara que el concepto de licencia y las condiciones de uso y restricción de uso del producto software. Algo muy claro a considerar es que esta prohibida la cesión para uso en calidad de préstamo o con carácter económico, salvo que existiera permiso del creador.

De alguna u otra forma estas normas regulan el manejo del software, pero determinan que el software libre no esté considerado en ninguna legislación específica, lo más cercano y similar en España es el concepto de franquicia, ya que como sabemos existe en todo software Open Source una marca comercial (representada por el nombre y símbolos del programa ), un propietario ( el creador, promotor o dueño del copyright ) que establece unos derechos de uso y explotación de la marca comercial bajo la licencia GPL; las diferencias con el modelo de franquicia son por supuesto evidentes, por ejemplo en lo relacionado con el uso del derecho de explotación por parte de terceras personas (redistribución). Hubo hace un tiempo una intencionalidad de regularlo, al menos a nivel estatal, y adoptarlo como oficial en la Administración Pública, pero sin mucho resultado, tal vez todavía se considera al software pago como una mejor alternativa o más viable para su uso, considerando el hecho que los usuarios de programas libres deben conocer algo de programación para solucionar los problemas o instalar aplicaciones adicionales, cosa que la mayoría de mortales no sabemos. Por tanto queda claro que la única garantía legal aplicable en el software libre es la de la titularidad, la cual para el caso de uso en una empresa debe ser reconocida y mantenida, obteniendo el registro del programa lo cual debe reflejase en la licencia de uso.

Por último debo señalar que la legislación española considera que se requiere de un contrato o una aceptación explícita de la licencia, con conocimiento de las dos partes implicadas; admitiéndose como firma del contrato la solicitud de clave de registro, o la introducción de dicha clave en el proceso de instalación o activación del programa. La aceptación por tanto, de una licencia GNU-GPL debe ser explícita, no basta con acceder y utilizar el programa para considerar que la licencia es aceptada, en España se requiere del registro para su validez; ello deriva por tanto, en la necesidad de que el software libre esté perfectamente registrado y con el copyright vigente.

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