Las subvenciones para la construcción de vivienda social seguirán su curso

El proyecto de ley de medidas de flexibilización y fomento del mercado de alquiler de viviendas se tambaleó cuando el Partido Popular presentó una serie de enmiendas al texto original, que reducían al mínimo las ayudas a los promotores que edificaran viviendas destinadas al alquiler social.

viviendas de interes social

Con estas nuevas medidas, se eliminarían las ayudas económicas de subsidiación del préstamo solicitado por las constructoras a los bancos de crédito, incluidas las que ya estaban en marcha. Sólo pretendían mantener las ayudas de subsidiación a quienes adquirieran viviendas contempladas en la financiación estatal, y a los beneficiarios de actividades protegidas de rehabilitación de edificios que ya estuvieran percibiéndolas. El resto de ayudas que pertenecían al conjunto de los planes estatales de vivienda, quedarían sin efecto.

Tras la protesta generalizada desde todos los sectores implicados, finalmente el gobierno ha decidido no incluir las enmiendas en el texto, tras un arduo debate en el Senado sobre el tema. Los entendidos en la materia aseguraban que de implantarse esta serie de modificaciones, muchas promotoras irían a la quiebra.

El compromiso adquirido por el gobierno de cara a las empresas debía mantenerse, de no hacerlo la palabra de los mandatarios quedaría en entredicho. Estas medidas resultarían ser contrarias a la Constitución, que en su artículo 27 establece que “la promoción de viviendas de nueva construcción para arrendamientos a 25 y a 10 años, calificadas provisionalmente como protegidas, podrán obtener préstamos convenidos para este tipo de pisos, con unas características concretas”. La subsidiación de estos préstamos también está recogida en nuestro texto fundamental.

Unas 60.000 viviendas quedarían sin cobertura, y las promotoras perderían hasta 6.000 millones de euros invertidos para la construcción de los inmuebles, según la Asociación Nacional de Promotores y Constructores de España. Su presidente, José Manuel Galindo, indica que el Partido Popular actúa de manera contradictoria, haciendo concesiones, y posteriormente, restringiéndolas.

Es probable que estas discordancias provengan del hecho de que muchas de las subsidiaciones han pasado a ser gestionadas por la Sareb, también denominado Banco Malo, como si se trataran de activos tóxicos, ya que según asegura el gobierno, los compromisos correspondientes a los gastos de las empresas constructoras resultan insostenibles por su elevada cantidad y su extensión en el tiempo.

La presión de los distintos grupos afectados ha logrado que el tema sea replanteado y, finalmente, las ayudas en materia de subsidiación no se han alterado, pudiendo los constructores continuar con su actividad como hasta ahora.

Imagen: Wikimedia

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