El Gobierno dará permisos de residencia a quienes adquieran viviendas cuyo valor sea mayor a 160.000 euros
El sector de la construcción española, en relación a la salida al ‘stock’ de viviendas nacionales (unas 680.000), ha pedido al Gobierno Popular que modifique la Ley de Extranjería para que los foráneos puedan obtener el permiso de residencia al comprar una vivienda por valor superior a los 160.000 euros. Aunque todavía no se ha tomado ninguna decisión al respecto, el Ejecutivo está sopesando los pros y los contras de esta iniciativa.
Una iniciativa muy criticada por ONGs, y asociaciones de inmigrantes.
Gustavo Fajardo, abogado de la ONG Aesco, ha expuesto su consternación ante tal medida: «Es una vergüenza que el Ejecutivo regale residencias por 160.000 euros. En lugar de destinar los pisos vacíos a crear un fondo de viviendas sociales, el Gobierno abre las viviendas de los desahuciados a la especulación financiera internacional«. Las ONGs apuntan que con esta reforma, se facilitarán los trámites a los extranjeros con poder adquisitivo y quedarán desprotegidos los miles de inmigrantes que presentan una situación más vulnerable.
La Ley de Extranjería actual cuenta únicamente con dos modalidades para que los foráneos puedan adquirir una vivienda en nuestro país: solicitar un visado de estancia de 90 días o pedir una autorización de residencia temporal no lucrativa. Esta última conlleva numerosos requisitos y está enfocada principalmente para una estancia permanente, no temporal. Según ha informado la Secretaría de Estado de Comercio, hoy por hoy no se contempla una solución práctica para los extranjeros que sólo buscan una estancia vacacional, de hecho, muchas de estas peticiones de autorización de residencia temporal no lucrativa son rechazadas, porque sólo se aplicaban en casos puntuales como de reagrupación familiar.
El Gobierno considera que esta iniciativa podrá atraer a nuevos inversores que estén interesados en comprar viviendas españolas. Sin embargo esta opción ya se ha puesto en marcha en otros países como Italia, Portugal, Irlanda y Estados Unidos, lo que sitúa a España en una posición de desventaja, aseguraba la Secretaría de Estado de Comercio.
Ésta ha recalcado, que la medida no es discriminatoria ya que a todos los inmigrantes se les exigirán los mismos requisitos y trámites para la compra de inmuebles, que según la normativa son; no encontrarse en situación irregular en España, carecer de antecedentes penales y tener suscrito un seguro médico, entre otros.
La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) aplaude esta reforma alegando que va en la «buena dirección» para reducir el «stock» existente además de revitalizar el mercado inmobiliario, lo que supondrá una inyección para la economía. Asimismo algunos abogados de extranjería, consideran que la iniciativa podrá servir para aclarar ciertas lagunas que presenta la actual ley en la regulación de estos aspectos.
Sin embargo, hay muchas voces en contra de esta medida. Así lo exponía Vladimir Paspuel, presidente de la asociación de inmigrantes ecuatorianos Rumiñahui: «Se trata de una clara discriminación en favor de aquellos extranjeros que disponen de 160.000 euros, que es una cantidad muy alta. El Gobierno intenta de esta manera captar nuevos fondos para sanear a la banca, pero deja de lado a miles de latinoamericanos«.
Paspuel también recuerda el papel tan importante que jugaron los miles de inmigrantes latinoamericanos, que durante una década ayudaron al desarrollo económico de España y para los cuales el sueño de “El Dorado” europeo, se ha tornado en pesadilla: «Aquí nadie está investigando cómo muchas inmobiliarias inflaron el valor de los pisos y estafaron a miles de inmigrantes, que ahora está siendo desahuciados«.
CC.OO (Comisiones Obreras), también ha denunciado la «política de clase» que está promoviendo el Gobierno, que por un lado cuestiona la presencia de trabajadores extranjeros y les pone trabas a la hora de acceder a los derechos fundamentales, y, por otro, «facilita la llegada de extranjeros ricos«.
Mikel Mazkiarán, secretario y portavoz de la asociación SOS Racismo censura el criterio utilitarista que está adoptando el Ejecutivo Popular en materia de extranjería, y añade que «En plena crisis, se prima a la gente que tiene un nivel adquisitivo alto. El Ejecutivo va a impulsar, en lugar de investigar a los supuestos turistas que vienen a España a comprar una vivienda«. Ante esto último, Mazkiarán señala que la compra y adquisición de inmuebles podría ser una tapadera para blanquear dinero.
El coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara, coincide con el secretario de SOS Racismo y afirma que «lo que va a conseguir el Gobierno es que entren sectores que vengan a blanquear el dinero negro que se mueve en los paraísos fiscales y encuentren el banco adecuado para evadir recursos de las haciendas públicas de otros países«.
Imagen: Fotolibre
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