La asociación Stop Desahucios frena otro desalojo

La asociación Stop Desahucios logra retrasar otra ejecución hipotecaria, en este caso, en Álava.

stop desahucios

Gracias a la movilización de los ciudadanos promovida por la plataforma Kaleratzeak Stop Desahucios, una familia ecuatoriana que lleva residiendo en España más de nueve años, y pagando su hipoteca durante siete, pueda seguir residiendo en su vivienda, al menos, hasta la celebración del juicio que decidirá su destino.

El banco Banesto había decidido subastar el inmueble que Orlando Romero llevaba un año sin poder pagar, la haberse quedado en el paro. La operación se iba a llevar a cabo extrajudicialmente, sin esperar la opinión de los Tribunales.
Stop Desahucios de Álava ha declarado su disconformidad ante la actitud de muchos bancos, como Banesto o Kutxabank, que habían anunciado la paralización de los desalojos por impago de las hipotecas, pero la realidad se torna contraria a esta premisa.

La asociación Stop Desahucios lleva años trabajando para reducir en la medida de lo posible las injusticias que se están llevando a cabo en todo el país con los inquilinos que no pueden hacer frente a los pagos de sus inmuebles. A través de la movilización y la denuncia social, han conseguido frenar muchos procedimientos en curso.
Dicha agrupación anima a la población a unirse a su causa, ya que, según indican, resulta inadmisible que en un Estado Social y Democrático de Derecho se estén produciendo centenares de miles de desalojos a la vez que existen millones de pisos vacíos que no están cumpliendo su función social.

Recuerdan, además, que estos procesos vulneran algunos derechos fundamentales de los ciudadanos reflejados en nuestra Constitución, como el artículo 47: “Todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo al interés general para impedir la especulación.”

Estas necesidades se han visto ratificadas en diversos Tratados Internacionales a los que España se ha acogido y que tampoco está llevando a cabo, al haber permitido que la Banca se lucrara todos estos años a costa de la inflación inmobiliaria, y ahora proteja jurídicamente los derechos de ésta, y no los de los inquilinos.

La terrible situación que estamos viviendo requiere de medidas efectivas por parte del Gobierno lo antes posible, que impida que muchas familias vayan a la calle con sus hijos en las condiciones tan precarias como está sucediendo.

Imagen: Barcex en Wikimedia

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