Garzón, inhabilitado por las escuchas del Gürtel

El juez Baltasar Garzón ha sido condenado a 11 años de inhabilitación por el Supremo que le juzgaba por las escuchas supuestamente ilegales a la trama Gürtel cuando sus principales implicados se encontraban en prisión preventiva. Esto significa su expulsión definitiva de la carrera judicial del magistrado, al entender el tribunal que cometió un delito de prevaricación al atentar contra los derechos del defendido y violar la confidencialidad de las comunicaciones sin motivo justificado. El durísimo fallo ha sido adoptado por unanimidad por los miembros de la Sala de lo Penal del Supremo, quienes han referido en la sentencia que las prácticas utilizadas por Garzón son propias ‘de regímenes totalitarios’.

Según los jueces que han instruido el caso, el magistrado causó ‘una drástica e injustificada reducción del derecho de defensa y demás derechos afectados anejos al mismo’. En estos mismos términos se refiere la sentencia, que homenajea al juez instructor Alberto Jorge Barreiro y utiliza sus mismos planteamientos al expresar que Garzón habría ‘colocado a todo el proceso penal español, teóricamente dotado de las garantías constitucionales y legales propias de un Estado de Derecho contemporáneo, al nivel de sistemas políticos y procesales característicos de tiempos ya superados’.

Según esta misma sentencia, ‘ninguno de los métodos de interpretación del derecho usualmente admitidos que hubiera podido seguir el acusado respecto de esos preceptos, le habría conducido a concluir de forma razonada que es posible restringir sustancialmente el derecho de defensa, con los devastadores efectos que ocasiona en el núcleo de la estructura del proceso penal, en las condiciones en que lo hizo.’ El tribunal afirma además que no se podía grabar ‘sin disponer de ningún dato que pudiera indicar mínimamente, en una valoración razonable, que la condición de letrado y el ejercicio del derecho de defensa se estaban utilizando como coartada para facilitar la comisión de nuevos delitos’ . ‘No se trata, pues, de una interpretación errónea de la ley, sino de un acto arbitrario, por carente de razón, que desmantela la configuración constitucional del proceso penal como un proceso justo.’

Así pues, siempre según el tribunal, la aplicación que Garzón hizo de la ley se efectuó ‘separándose absolutamente de la doctrina del Tribunal Constitucional y de esta Sala del Tribunal Supremo.’ Además de la condena que trunca definitivamente la carrera judicial del magistrado, la sentencia le ha impuesto una multa y la obligación de pagar los costes del juicio. La inhabilitación supone un golpe durísimo para el que quizás sea el magistrado más reconocido del país, que aún tiene otras dos causas pendientes, entre ellas una por investigar los crímenes del franquismo. El veredicto del Supremo ha desatado la indignación de los muchos partidarios del juez y las redes sociales bullen de actividad. En Twitter, el hashtag #ApoyoaGarzón se ha convertido en trending topic mundial pocos minutos después de conocerse la noticia.

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