El Tribunal de Estrasburgo se opone a la ‘doctrina Parot’ y pide excarcelar a una etarra

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos pide la excarcelación de la etarra Inés del Río Prada y exige que España la indemnice con 30.000 euros por daños morales y 1.500 por gastos y costas. El Gobierno rechaza poner en libertad a la etarra por peligro de fuga y anuncia que recurrirá.

El Tribunal Europeo de Derechos humanos pide excarcelar e indemnizar a la etarra Inés del Río Prada por una revisión de la pena, la cual consideran irregular. Del Río fue ingresada en prisión y la Audiencia Nacional le aplicó, un mes y medio antes de su puesta en libertad, la ‘doctrina Parot’, según la cual, los beneficios penitenciarios se deben descontar del total de las penas y no del máximo de cumplimiento efectivo.

Esto significa que los años se descontarían de su pena total (más de 3.000 años) y no de los 30 máximos que establece la ley. Esa doctrina se basa en una sentencia del Tribunal Supremo de febrero de 2006, que dice que la ejecución de la totalidad de la condena comenzará con las penas más graves y establece que los beneficios se apliquen de manera individual a cada una de ellas, hasta el límite legal.

Tribunal de Estrasburgo

El Tribunal de Estrasburgo tiene más de 30 casos sobre la ‘doctrina Parot’.

Si pasáramos de la doctrina, la integrante de ETA debería haber salido el 3 de julio de 2008 (habiendo cumplido 20 años de prisión-10 descontados por beneficios penitenciarios). De la otra forma, si nos ceñimos a ‘Parot’, su excarcelación estaría fijada para el 27 de julio de 2017, cosa que el Tribunal rechaza porque considera «vacía de contenido las reducciones de pena por trabajo a los condenados bajo el antiguo código penal de 1973», como es el caso de la demandante. Por ello, Estrasburgo pide la puesta en libertad de la etarra en la mayor brevedad posible y exige que España la indemnice con 30.000 euros por daños morales y 1.500 por gastos y costas. La Sala Tercera de la Corte Europea considera que España ha violado los artículos 7 (no hay pena sin ley) y 5.1 (derecho a la libertad y a la seguridad) del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Inés del Río Prada, (Tafalla, 1958) fue detenida en julio del año 1988, en Zaragoza, por casi iniciar una serie de atentados en la Costa del Sol al transportar en un vehículo 35 kilos de amonal a Torremolinos (Málaga). La condenaron a más de 3.000 años de cárcel, de los cuales 2.232 correspondieron a la ayuda que le ofreció al comando Madrid, que atentó contra un convoy de la Guardia Civil en la plaza madrileña de la República Dominicana y en el que hubieron 14 muertos y 40 heridos.

La sentencia de hoy hace referencia al artículo 7 del Convenio, según el cual, «prohíbe que el derecho penal sea interpretado de forma extensiva en detrimento del acusado» y estima que el cambio de jurisprudencia aplicado «era imposible de prever». El Gobierno rechaza poner en libertad a la etarra por peligro de fuga y anuncia que recurrirá. Ni el Supremo ni el Constitucional han apreciado que la aplicación de la retroactividad vulnere la Constitución.

Fuente / EFE

Foto / Francois Schnell

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