El problema de las preferentes se resolverá con una quita

Los inversores en participaciones preferentes salen a la calle para mostrar su malestar ante las medidas que está tomando el Gobierno para resolver el asunto.

Las preferentes, un enorme problema en España

Las participaciones preferentes salieron al mercado en 2009 como productos destinados a inversores especializados, dada su tipología y complejidad, pero se ofrecieron a pequeños ahorradores que desconocían dónde estaban destinando su dinero. Los bancos y cajas de ahorros se dedicaron a sanear las cuentas a costa de sus clientes, sin ofrecer la información necesaria al consumidor sobre este tóxico producto.

El hecho vulnera la norma europea sobre la transparencia y correcto asesoramiento que tienen obligación los bancos de realizar, como informa el eurodiputado Sven Giegold, quien añade que la venta de las preferentes a familias españolas sin conocimientos es uno de los mayores escándalos de la banca europea.

Muchos de los damnificados se han asociado en plataformas de protesta contra esta situación injusta, en la que han sido estafados mayoritariamente jubilados, amas de casa, personas con discapacidad o sin pleno uso de sus facultades decisorias, que se encuentran indefensos y sin escapatoria, atados a sus participaciones de por vida.

Mediante un comunicado al Gobierno, proveniente de dichos grupos, se critica la actuación de Rafael Louzán, presidente de la Diputación pontevedresa, que ha anunciado públicamente su malestar ante las actuaciones de los perjudicados, como la ocupación de ayuntamientos y la obstaculización de varios plenos. Apuntan que es la única manera de hacerse oír. Tan sólo un 15% de los casos fraudulentos serían solventados, tras el estudio de las demandas de la población afectada por parte del gobierno de Feijóo, de los cuáles aun no se han resuelto cerca de 40 mil.

Actualmente existe un capital involucrado en las participaciones preferentes que se estima en 5.600 millones de euros que no tienen escapatoria.

Algunos bancos que no han recibido subvenciones públicas están ofreciendo alternativas a sus clientes para deshacerse de estas inversiones a perpetuidad que no reportan ningún tipo de liquidez, pero se trata de soluciones a medias, ya que la alternativa tampoco resulta muy atractiva.

Muchos afectados están llevando el caso a los tribunales, solicitando indemnizaciones o pidiendo la impugnación de los contratos por engaño, a la vista de que el arbitraje realizado por el Estado resulta del todo ineficaz.

Imagen: Barcex en Wikimedia

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