Cómo hacer frente a la morosidad empresarial

La falta de liquidez y el endurecimiento de las condiciones del crédito han provocado un incremento de los impagos empresariales y de los retrasos en el pago de las facturas vencidas. Si a eso añadimos la cultura empresarial española, que no fomenta precisamente la puntualidad en los pagos, el resultado es la situación actual: muchas compañías tendrán problemas para cobrar sus facturas durante los próximos meses.

La falta de liquidez y el endurecimiento de las condiciones del crédito han provocado un incremento de los impagos empresariales y de los retrasos en el pago de las facturas vencidas. Si a eso añadimos la cultura empresarial española, que no fomenta precisamente la puntualidad en los pagos, el resultado es la situación actual: muchas compañías tendrán problemas para cobrar sus facturas durante los próximos meses.

La morosidad empresarial se incrementó durante el 2007 un 14%, y se prevé que para finales de 2008 aumente un 20% adicional, según las cifras de Crédito y Caución. La última Estadística de Efectos de Comercio Impagados revela que en enero de 2008, la cuantía total de estos impagos ascendía ya a 1.428 millones de euros, un 48,7% más que en enero de 2007. El importe total de los efectos impagados en el año 2007 superó los 11.490 millones de euros, casi un 28% más que en 2006.

De momento, se prevé que a lo largo de 2008, las empresas españolas tardarán una media de 94 días – un 15% más que en 2007 – en hacer frente al impago de sus facturas. Un retraso que puede provocar que el 90% de las empresas españolas se enfrenten durante este año a problemas de liquidez, que pueden obligar a echar el cierre al 20% de ellas. De hecho, y según la última Estadística de Sociedades Mercantiles, en 2007 se disolvieron casi 17.900 empresas, un 63% más que en 2006 – aunque también es cierto que se crearon muchas más que en el año anterior. Y que de cada cuatro empresas que quiebran, una lo hace por causas relacionadas por la morosidad.

Al margen de la coyuntura económica, el fenómeno de la morosidad está fuertemente arraigado por tradición en España. Los expertos están de acuerdo en afirmar que en España no existe una cultura empresarial que fomente el pago puntual, y las empresas no dan prioridad alguna a tener un perfil de buen pagador, por consiguiente no supone ningún objetivo estratégico para ellas y no se han implantado políticas de atender puntualmente los pagos de los proveedores.

La Ley 3/2004 de medidas de lucha contra morosidad en las operaciones comerciales, introdujo modificaciones en la Ley de Comercio Minorista, y estableció un periodo máximo de aplazamiento para el pago de las facturas de los productos de alimentación y gran consumo. Dicho plazo era de 60 días, ampliable a 90 días, en caso de pacto expreso entre las partes, con compensaciones económicas para el proveedor.

Esta ampliación ya ha sido criticada desde las patronales de fabricantes de productos de alimentación y gran consumo, porque, según dicen, abrió la puerta a que las grandes cadenas de distribución sigan imponiendo plazos de tres meses a sus proveedores, quedando en una ambigüedad las supuestas compensaciones que deberían de recibir. Los expertos añaden, además, que pocos proveedores se atreven a poner objeciones, por miedo a tener un conflicto comercial con un gran cliente que a lo mejor representa el 25% de su facturación.

EN BÚSQUEDA DE SOLUCIONES

Para hacer frente al incremento de los plazos de pago de facturas de las empresas españolas, los expertos proponen una serie de medidas que ayudarían a aliviar la situación. La primera fase de ellas es la aprobación de un Reglamento que desarrolle la mencionada Ley, y en el que se establezca un plazo ineludible de 60 días para el pago de la factura, a partir de los cuales se deberá abonar al proveedor unos intereses disuasivos equivalentes al interés legal incrementado en dos puntos.

Otras medidas que proponen son la creación de un Observatorio oficial, dependiente del Ministerio de Industria, que informe sobre la evolución de los plazos de pago; la creación de un Servicio de Defensa al Proveedor – al estilo de la Comisión Nacional de la Competencia -, que persiga los abusos de posición dominante; y la reforma de la Justicia Mercantil, con el establecimiento de unos Tribunales de Comercio, al estilo de los que ya existen en Francia, que propicien una resolución judicial de los conflictos más rápida y efectiva.

SEGUROS DE CRÉDITO

Se trata de otro recurso que las empresas tienen a su disposición para hacer frente a la morosidad empresarial, que fue introducido en España en 1.929 por la compañía Crédito y Caución. Esta compañía es la líder en España, con un 58% de cuota de mercado, cuenta con 28.000 empresas como clientes y asegura un volumen de negocio superior a 136.000 millones de euros.

Los sectores que más han recurrido durante 2007 a este seguro han sido la construcción – especialmente residencial y de segunda residencia -, el siderúrgico, maderas y muebles y electrodomésticos.

La protección de este tipo de seguro se basa en tres garantías: prevención – por medio de una gigantesca base de datos que registra la evolución de la solvencia de la cartera de clientes de sus asegurados -, indemnización y recobro.

Dada la situación económica actual, cada vez son más las empresas que recurren al seguro de crédito.

OTRAS ALTERNATIVAS PARA LA SOLUCIÓN

Existen, además de los seguros de créditos, otras alternativas que también son viables, pero que no son muy utilizadas en España por ahora.

El aumento de la morosidad no sólo afecta a las empresas, sino también a los consumidores particulares. Según los datos de Intrum Justitita, la demora de los pagos de los clientes particulares a lo largo de 2008 será una media de 70 días. Sin embargo, las empresas españolas no recurren a las compañías especializadas en recobros en la misma proporción que lo hacen otras empresas de Europa. Y es que en España hay una carencia de regulación legal de la industria del recobro de deudas; hay por tanto un recelo de muchos empresarios a contratar estas empresas por la imagen deformada que proyecta la publicidad de alguna de ellas, que anuncia «métodos expeditivos» o la «persecución y acoso» de los morosos.

Además, muy a menudo, estas empresas suelen cobrar por adelantado.

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