Comienza el juicio del ‘Prestige’ en el décimo aniversario de la catástrofe

El Tribunal de Justicia sigue buscando culpables tras diez años del naufragio del buque que tiñó de negro la costa gallega hasta el litoral francés.

El día 19 del próximo mes de noviembre se cumplen diez años de la que fue la mayor catástrofe ecológica de la historia de España. El hundimiento del petrolero ‘Prestige’ en la Costa da Morte en 2002, con 77.000 toneladas de fuel a bordo, abre hoy su caso, pendiente de que se juzguen las responsabilidades penales del desastre en la costa gallega. La vista, que se celebrará en el recinto ferial de A Coruña, refleja una década de trabajo reflejada en 230.315 folios de declaraciones, conversaciones transcritas, exhaustivos informes periciales y documentos recopilados en la investigación.

La corriente de fuel que bañó la costa gallega extendiéndose por el Cantábrico hasta Francia  derivó en 1500 acusados por el terrible delito ambiental. El juicio contará con la presencia de 70 abogados, 27 procuradores, 140 testigos y 98 pruebas periciales, con sentencia prevista para septiembre del 2013. En el banquillo rendirá cuentas el principal acusado y único detenido tras la rotura de un tanque del buque que dio lugar a la marea negra, el capitán griego Apostolos Mangouras. Otros dos oficiales del ‘Prestige’  también serán juzgados en el proceso junto al entonces director general de la Marina Mercante José Luis López-Sors, alto cargo del gobierno. Este último acusado de dictar la orden de llevar el buque mar adentro sin contar con la aprobación técnica que pudiera prever las consecuencias de tal medida.

Hoy el tribunal decidirá si admite nuevas pruebas para esclarecer el caso que fue cubriendo de negro durante seis días 1600 kilómetros de costa, desde la desembocadura del Miño al litoral atlántico francés. La vista pretende determinar al fin quien o quienes fueron los culpables del desastre ecológico y cerrar la lucha tras una década. El caso de López-Sors es el que más perturba a nuestro país, pues su condena no sería solo personal sino que se responsabilizaría también al Estado español por los daños de la catástrofe, cifrados en 4.121 millones de euros según la fiscalía. Al mismo tiempo el Estado es acusador, pues reclama 3.862 millones por daños y los gastos que supuso la lucha durante semanas contra las incontrolables olas de petróleo.

Se avecinan largas semanas de testimonios, informes y pruebas que no serán sentenciadas hasta otoño del próximo año. Un esperado desenlace a un desastre medioambiental que dejó su huella para siempre en la historia de España y hará sombra en las próximas elecciones gallegas.

Vía/ El País

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