Cifuentes junto a Marino Rajoy y Esperanza Aguirre.
Tras las últimas manifestaciones ciudadanas, la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ha expresado abiertamente su deseo de «modular» el derecho de manifestación. Cifuentes asegura que la capital está saturada por las protestas y contabiliza casi 200 concentraciones en la ciudad madrileña en lo que llevamos de año, cifra que provoca continuas molestias a vecinos y comerciantes del centro de la capital. Siguiendo con su línea argumental, Cifuentes también ha señalado que la Ley Orgánica que recoge el derecho de reunión «tiene muchos años» ya que data de 1983.
La apuesta de la diputada por una posible moficiación del derecho supondría un cambio en la legislacióno y en ningún caso, tal y como ha reiterado Cifuentes, un recorte en los derechos ciudadanos. El objetivo es reducir la supuesta permisividad del derecho y facilitar más vías de actuación al Gobierno frente a posibles incidentes o desórdenes públicos. Con esta medida, la Administración tendría capacidad para modificar el horario y el recorrido de las manifestaciones para garantizar la normalidad de la ciudad.
Hasta ahora, «lo que dice la Ley es que sólo se puede prohibir o modificar una manifestación cuando existan razones fundadas de alteración del orden público con peligro para bienes o personas, cosa que yo he apreciado que existían en algunas ocasiones y en todas ellas los tribunales nos han quitado la razón», afirma Cifuentes.
Todavía no se han desvelado los detalles de cómo se llevaría a cabo dicha propuesta, pero este planteamiento se suma al expresado por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quien se mostró a favor de una reforma para edurecer las condenas por delitos de desobediencia y resistencia a la autoridad.
Vía / El País
Foto / PP Madrid
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