CCOO pretende llevar al Constitucional la congelación de las pensiones

El grupo sindical llevará su tercerca propuesta a la Defensora del Pueblo, a esperas de que esta vez sí sea aceptado el recurso.

Ignacio Fernández Toxo

Ignacio Fernández Toxo, líder de Comisiones Obreras

Después del Real Decreto-Ley publicado el sábado, en el que el Gobierno va a revalorizar las pensiones por debajo del IPC, Comisiones Obreras tacha la medida de contraria a la Constitución. Su ofensiva comenzará de inmediato, pues pretenden acudir sin demora a la Defensora del Pueblo para que presente el recurso de inconstitucionalidad.

Carlos Bravo, secretario de Seguridad Social y Previsión Social de CCOO, explica que la decisión del Gobierno va contra un derecho que prohíbe el texto constitucional en el artículo 9.3 . «La Ley General de la Seguridad Social establece el derecho de los pensionistas a una revalorización que se divide en dos partes: una primera parte se entrega a principios de año, con la previsión de inflación, y la segunda parte se regulariza cuando se conoce el IPC a 30 de noviembre», explicó. Bravo afirmó que la decisión de invalidar el derecho de los pensionistas a su pensión por encima, o equivalente, al IPC, 2,9%, «es contrario al derecho de irretroactividad de disposiciones restrictivas de derechos individuales«.

Los sindicalistas acudirán «de manera inmediata» a la Defensora del Pueblo para solicitar que presente un recurso de inconstitucionalidad contra la decisión del Gobierno. CCOO confía en la Defensora  a pesar de que haya rechazado dos veces iniciativas de los sindicatos. «Si es coherente con su propia argumentación, debe estimar la petición que estamos haciendo», señaló Bravo, que destacó que los argumentos de la Defensora cuando reprochó al Gobierno parte de su decisión de quitar la paga de Navidad a los empleados públicos eran similares a los que ahora ellos alegaban.

Ante la congelación de las pensiones en 2011, el grupo sindical no pudo reaccionar de una manera similar porque los socialistas suspendieron la ley antes de que se generase el derecho, con lo cual no se podía alegar retroactividad. «En el año 2010 se suspendió la ley para 2011, y por tanto no podríamos utilizar este argumento. En aquel momento nos opusimos a esa medida; en este momento, además de oponernos a la medida, entendemos que el Gobierno vulnera la Constitución porque lo hace a posteriori, cuando el derecho ya está generado, no suspendiéndolo anticipadamente, como ocurrió en el caso anterior».

El secretario quiso resaltar que las dos medidas merecían el mismo reproche, pero según las diferentes formas de adoptar cada una, la manera de oposición también ha sido distinta. «En esta ocasión hay una vulneración aún más flagrante, porque el derecho ya está acreditado de manera completa», concluyó Bravo.

Vía / Cadena Ser

Foto / Wikimedia Commons

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