La ‘cuota’ de los autónomos, congelada pero no revisada

Los autónomos mantienen la base mínima de cotización en 893,1 euros. La máxima sube un 3%.

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Durante las campañas electorales de 2015 y 2016, los partidos tomaron posiciones en todos los frentes y estos incluyeron, cómo no, al maltratado colectivo de los profesionales por cuenta propia, más conocidos popularmente como autónomos. Las propuestas de todas las formaciones los mencionaban pero el grado de concreción era bastante pobre, con la única excepción de la bajada en las cotizaciones a la Seguridad Social que prometía Ciudadanos. En Febrero supimos que esta famosa cuota se congelaba respecto a 2016 en su importe más bajo.

De este modo, la cuantía de la base mínima de cotización de los profesionales por cuenta propia se mantiene en 893,1 euros mensuales. La base máxima, por su parte, se sitúa en 3.751,2 euros, una subida del 3%. Por extensión, el mantenimiento de la misma base mínima que en 2016 implica conservar las mismas cuotas que los autónomos abonaron el año pasado, salvo que elijan modificar su base de cotización. Como viene siendo habitual, los autónomos que no alcancen la base mínima no tendrán la opción de pagar una cuota menor.

Este último aspecto pone de manifiesto la encorsetada política fiscal que se aplica a estos profesionales. Los autónomos no siempre abonan las cotizaciones sociales acordes con su nivel de ingresos, quedando a su elección si les conviene elevarlas o reducirlas (a efectos de optar a una pensión más cuantiosa) sin bajar del mínimo previsto. Así, un profesional que solo ganara 600 euros mensuales debería pagar, sí o sí, los 267 euros que corresponden a la base mínima de cotización. Nada importa que ese autónomo ingrese casi trescientos euros menos.

¿Qué solución le queda a estos profesionales? La mayoría de ellos optan por refugiarse en ese limbo legal según el cual los autónomos que ganen menos del Salario Mínimo Interprofesional (707,7 euros mensuales en 2017) no tienen por qué darse de alta. Esta lectura es errónea, sí que están obligados a regularizar su situación, pero la propia Agencia Tributaria no actúa contra estos casos. Ese proceder supone, de facto, el reconocimiento de una situación absurda.

Vía: Cinco Días
Imagen: DmitryPoch

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