¿Cómo afectará a los autónomos la próxima modificación en el IRPF?

La tramitación de la reforma fiscal en el Senado deja una nueva bajada fiscal para los autónomos, que pagarán un 19% de IRPF en 2015.

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Tras el acalorado debate sobre el alcance de la reforma fiscal que comenzará a aplicarse a partir de enero, el Gobierno ha anunciado una nueva rebaja de impuestos, concretamente, del IRPF, a los trabajadores por cuenta propia. Al igual que ocurre con las otros cambios tributarios de la medida estrella del Ministerio de Hacienda, la rebaja fiscal para los autónomos se llevará a cabo entre 2015 y 2016. A tenor de los últimos acontecimientos políticos, el Ejecutivo parece sentir cierta inquietud por las próximas citas electorales.

La rebaja fiscal, que ha sido aprobada a raíz de una enmienda presentada por el grupo parlamentario popular en el Senado, reducirá el tipo general del 21 al 19% en el impuesto sobre la renta en enero de 2015, para dejarlo en el 18% un año más tarde. De este modo, los autónomos regresarían dentro de catorce meses a la situación existente antes de la subida del IRPF en diciembre de 2011. Esta revisión mejora ligeramente el alcance de la reforma fiscal, que dejaba el tipo definitivo un punto por encima.

Las reacciones entre los colectivos de autónomos no se han hecho esperar. Desde la mayoritaria Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) se ha insistido en lo acertado de la medida, cuyo impacto cuantifican en un ahorro de 600 euros de media en 2015 y 900 en 2016. Es de destacar que el empleo autónomo acumula casi dos años consecutivos de crecimiento en España y que constituye uno de los principales creadores netos de puestos de trabajo, algo que ha sido crucial para la mejora del mercado laboral.

Sin embargo, existe cierta incertidumbre ante la posibilidad de que esta nueva medida acabe definitivamente con la posibilidad de reducir un 20% los rendimientos netos de su actividad (con el consiguiente ahorro fiscal) siempre que se facturara menos de cinco millones de euros y se creara o no se destruyera empleo (hasta un máximo de veinticinco puestos de trabajo). Se trata de una norma que beneficia a las pymes (sobre todo a las empresas medianas) vigente desde 2009.

Vía: El Mundo.

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