ONG`s denuncian el veto sanitario a los inmigrantes en Canarias

Los ajustes que está llevando a cabo nuestro país para tratar la difícil situación de la economía, producen víctimas por todas partes, esto es inevitable y muy duro de asumir a la vez.

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La que nos ocupa es el veto sanitario a los inmigrantes que hace un año se llevó a cabo en todo el país. Los cuales y a través de decreto, se les fue retirada la cartilla sanitaria. Ante esto, en Canarias, distintas ONG como: Organizaciones como Médicos del Mundo, Amnistía Internacional, Cáritas Diocesana de Canarias o Comisión Española de Ayuda al Refugiado, han publicado un comunicado conjuntamente denunciando, lo que ellos llaman, «nefastas consecuencias».

Según explican el conjunto de ONG, “la aplicación de esa norma, promovida por el Gobierno español, dejó sin cobertura sanitaria normalizada a 48.652 personas de origen foráneo residentes en el archipiélago sin que las medidas especiales preparadas por el Servicio Canario de Salud hayan aliviado su situación, pese a lo que se había anunciado”.

Esas medidas, aseguran, «no funcionan, pues solo 42 personas han podido obtener la tarjeta especial de acceso a la sanidad en Canarias que se prometió como solución a los inmigrantes irregulares que precisaran atención y no pudieran pagarla, debido a las dificultades burocráticas que entraña el conseguir la documentación del país de origen solicitada para que les sea concedida”.

El secretario general de la Federación de Asociaciones Africanas en Canarias, Teodoro Bondyale ha afirmado que «lo que antes era un derecho se ha convertido en una gracia caritativa, que se concede o no dependiendo del médico o del sanitario de turno, y que ello ha llevado a que incluso mucha gente haya optado por recabar asistencia por otros medios, pidiendo ayuda a compatriotas u organizaciones sociales y actuando en silencio para evitar más problemas si se quejan».

Ante esta situación el Gobierno canario, en coalición CC-PSOE, a través de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias asegura que “el ejecutivo canario ha tomado todas las medidas necesarias para mitigar, dentro de sus competencias, el impacto del decreto del Gobierno de Rajoy”.

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