Inspecciones sorpresa a ONG en Rusia

La reacción de la Unión Europea ante la alarma frente a las inspecciones realizadas por el Gobierno ruso a las ONG que operan en el país no se ha hecho esperar.

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El pasado lunes, varias asociaciones que llevan a cabo labores humanitarias en la Federación Rusa denunciaron la deliberada intromisión de las autoridades, que sin previo aviso, realizaron controles sobre su funcionamiento interno.

Catherine Ashton, jefa de la diplomacia europea, tachó de preocupante la actuación de la fiscalía general rusa, que sigue una línea política basada en la limitación de las libertades de la población. Vladimir Putin ha dejado en el punto de mira todo grupo activo en el país que reciba financiación extranjera, porque, según anunció, “controlan y presionan a Rusia”, sobre todo las que se desarrollan con dinero de Estados Unidos.

Por este motivo considera necesario controlar a las organizaciones que operan de forma independiente, y a los activistas civiles, para garantizar que su funcionamiento concuerde con el nuevo paquete legislativo que ha puesto en marcha, que entre otras cosas, denota una importante falta de acción a favor de los derechos humanos.

El Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos, un programa dirigido conjuntamente por la Federación Internacional de Derechos Humanos y la Organización Mundial Contra la Tortura, se une a la crítica de este nuevo sistema de control impuesto a las ONG en Rusia, indicando que su único cometido es manchar la imagen pública de las mismas y sofocar a los disidentes.

La presidenta del Movimiento Mundial de los Derechos Humanos, Souhayr Belhassen, califica de innecesaria la intromisión del Gobierno en las labores independientes de las asociaciones humanitarias, puesto que la forma de financiación y los presupuestos de las organizaciones es de dominio público, así como sus proyectos.

Por otro lado, Sergei Nikitin, director de Amnistía Internacional en territorio ruso, informó de que varios policías y funcionarios “asaltaron” sus oficinas exigiendo una documentación que por descontado ya se encuentra en los archivos gubernamentales. La legalidad de estas operaciones resulta dudosa, puesto que no hay indicios de que su organización haya cometido irregularidades por las que deba rendir cuentas.

A lo largo de este mes se han llevado a cabo más de 2.000 inspecciones a grupos independientes subvencionados con dinero extranjero, en unas 13 regiones de la Federación. Esto vulnera la resolución del Consejo de Derechos Humanos que obliga a que la legislación de cada país facilite los trabajos de los defensores de los derechos humanos, eliminando los posibles obstáculos que puedan surgirles y garantizando su independencia.

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