¿Por qué es inconstitucional el impuesto a las plusvalías inmobiliarias?

El Tribunal Constitucional tumba el tributo al entender que se aplica aun no dándose ganancias netas y vulnera el principio de ‘capacidad económica’.

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En los últimos meses, los tribunales han puesto patas arriba numerosos comportamientos más o menos consolidados en diferentes sectores económicos. Por ejemplo, las sentencias sobre las cláusulas suelo o la situación monopolística de la estiba han levantado una gran polvareda, con aplausos o críticas según el caso. Más reciente todavía es el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que determina la inconstitucionalidad del impuesto que grava las plusvalías en las operaciones de compraventa de inmuebles. Se trata de una nueva sentencia histórica porque, pese a dirigirse a una institución regional concreta, implicará la supresión del gravamen en toda España.

No se puede cobrar por beneficios que no existen

No vamos a analizar a fondo el complejo concepto de las plusvalías pero, resumiendo mucho el asunto, estas consistirían en la diferencia entre el precio de un activo en el momento de su compra y en el de su venta. Por consiguiente, el impuesto sobre las plusvalías en operaciones inmobiliarias solo tendría lógica en aquellos casos en que el propietario haya obtenido un beneficio neto por dicha transacción. El problema es que el impuesto se cobraba indistintamente en todas las operaciones, tanto si se habían generado plusvalías como si no.

Al tratarse de un impuesto de gestión municipal, los ayuntamientos se encargaban de cobrar lo que, en la práctica, se había convertido en una tasa más a las operaciones inmobiliarias. Por si no fuera suficiente con el IBI y otros impuestos directos e indirectos, los ayuntamientos se acostumbraron a aplicar este gravamen adicional. De hecho, entre 1995 y 2014, el importe de este tributo había aumentado un impresionante 400%. Es más, desde 2007 se había percibido un incremento del 50% a pesar de la considerable caída del precio de la vivienda tras el estallido de la burbuja inmobiliaria.

Un fallo para toda España

Aunque el TC ha actuado a instancias de una demanda presentada contra la Diputación Foral de Guipúzcoa, la sentencia tiene validez en todo el territorio nacional. Todavía no se ha ordenado la supresión del impuesto en el resto del país pero es solo cuestión de tiempo que así sea, puesto que su carácter inconstitucional lo invalida independientemente de si se ha denunciado o no a cada ayuntamiento. En estos momentos, el impuesto a las plusvalías inmobiliarias reportaba en torno a 2.280 millones de euros anuales a cada administración local.

La lógica de la sentencia

Tal y como hemos destacado anteriormente, aplicar un impuesto a las plusvalías cuando estas no existen carece de fundamente jurídico pero los ayuntamientos no veían problema alguno en ello. La sentencia del TC abre la puerta a que más impuestos de similar formulación también sean declarados inconstitucionales. Para ser exactos, no podrán aplicarse gravámenes a “transacciones que no demuestren una riqueza real o potencial”. Cualquier tributo que grave posibles ganancias está condenado a desaparecer en virtud de este histórico fallo.

Es más, incluso en aquellos casos en los que, efectivamente, existe una plusvalía en la venta de un inmueble, el cobro del impuesto es inconstitucional si se vulnera el principio de ‘capacidad económica’. Dicho de otro modo, cuando se aplica el gravamen sobre una plusvalía muy reducida, es muy posible que se haya cobrado de manera desproporcionada. También en este escenario sería ilegal exigir a los propietarios el pago del tributo. En realidad, el número de casos en los que el impuesto ha sido cobrado debidamente es bastante reducido.

¿Se recuperará lo pagado por este impuesto?

Para muchos afectados, esta es la gran duda en estos momentos. La sentencia no aclara el camino que se deberá seguir para cobrar posibles indemnizaciones, siendo necesario revisar cada caso. Partiendo de la base de que solo se podrá reclamar en aquellos casos en que no se haya obtenido una ganancia neta con la transmisión del inmueble, el procedimiento se presenta lento según Idealista.com.

En primer lugar, hay que demostrar que no se obtuvo plusvalía alguna por la venta del inmueble. Para ello, se tomará en consideración el precio de compra y el de venta de la propiedad, no el valor catastral que utilizaban los ayuntamientos para cobrar siempre el impuesto. Segundo, solo se aceptarán reclamaciones en base a pagos realizados durante los últimos cuatro años, para prevenir un posible daño financiero de grandes proporciones a los consistorios. Tercero, que el ayuntamiento no haya liquidado de manera definitiva ese impuesto (este aspecto será especialmente problemático).

Vía: Idealista.com.

Foto: © BrianAJackson

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