El Tratado de Lisboa, una imposición que está afectando a la economía

Una de pocas personas que se han permitido revelar el contenido verdadero del Tratado con todas sus consecuencias devastadoras para la vida diaria de los ciudadanos es el profesor de derecho Karl Albrecht Schachtschneider. Funda su negativa del Tratado sobre el derecho y la verdad. Presentamos más abajo a algunas de sus críticas más importantes.

El Tratado de Lisboa agravará aún más el carácter antidemocrático y antisocial de la Unión Europea. Los Estados naciones trasladan casi todos sus derechos a la UE. Sus casi 500 millones de ciudadanos pierden toda posibilidad de participación democrática. LA UE intervendrá en todos los campos de sus vidas. La diferencia entre ricos y pobres se hará aún mayor.

Una constitución puede estar legitimada sólo por el pueblo. Es lo que estipula la Constitución: “el poder del Estado emana del pueblo”. Dice el Artículo 14 de la Constitución que “los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal”. Hasta donde yo se, no hay ninguna constitución aprobada por los países de la Unión Europea para poder hablar de un estado europeo.

Foto Oficial del Tratado de Lisboa

Foto Oficial del Tratado de Lisboa

Sólo los ciudadanos tienen derecho a decidir si quieren y en que medida desean trasladar el poder estatal a la UE. Sólo el 32,19% del censo electoral votó a favor del tratado constitucional en el conjunto del Estado. Sin embargo las élites políticas ignoran conscientemente este principio fundamental. Tratan de inducir a los ciudadanos al error. Manipulando la opinión de numerosas maneras, quieren imponer sus objetivos políticos. No quieren debates públicos y parlamentarios. Esta aspiración al poder va en contra de la Constitución en sus principios más básicos, los de garantizar la dignidad del hombre y de proteger los fundamentos naturales de la vida en la libertad general y teniendo como base la verdad.

El proyecto de integración antidemocrática de los Estados en la UE hace devolver los pueblos en la época anterior a la Revolución francesa. Los principios fundamentales del Estado de derecho son socavados, particularmente y ante todo la separación de los poderes que protege a los ciudadanos contra los abusos de poder. Es irresponsable por parte de nuestros políticos sacrificar en gran parte esta protección jurídica.



En el ámbito de la economía en concreto, los efectos serán todavía más catastróficos que actualmente. Por ejemplo, en la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea contenida en el Tratado de Lisboa, el “derecho al trabajo”, tal, como es estipulado en la Declaración universal de los derechos humanos de 1948 está ausente, lo mismo que el derecho del hombre “a una remuneración equitativa y satisfactoria” de su trabajo “que le asegura así como a su familia una existencia conforme con la dignidad humana”. En cambio, por primera vez en la historia de los derechos fundamentales, la Carta reconoce la “libertad de empresa”.

Al principio, estuvo previsto que la Unión Europea podría actuar sólo cuando expresamente fue autorizada para ello (principio de “habilitación puntual limitada”). Contrariamente a la interrupción del Tribunal Constitucional, este principio es infringido debido a las habilitaciones considerables de la Unión Europea. Con el fin de alcanzar sus objetivos, la Unión Europea es autorizada por el Tratado de Lisboa a actuar sin la participación de los parlamentos nacionales.

Hasta es autorizada a cobrar impuestos europeos. Además, gracias a un “procedimiento de revisión simplificado”, es autorizada, por decisión del Consejo europeo, a modificar casi totalmente o parcialmente el conjunto del Tratado (puesta de lado la política exterior y de seguridad). El Tratado se hace así una ley de habilitación. La Unión Europea abandona definitivamente los principios constitucionales fundamentales como base de la cultura europea. Hay que desenmascarar este engaño que tendrá consecuencias considerables en la vida diaria de los ciudadanos.

La Unión Europea es la región del capitalismo global. La base está constituida por las cinco “libertades” fundamentales (libertad de establecimiento, libre circulación de las mercancías, los servicios, los capitales y las personas) que son expuestas detalladamente en el Tratado. Este sistema de “economía abierta de mercado donde la competencia es libre y falseada” tiene en cuenta los aspectos sociales sólo de manera secundaria, determinará nuestra vida diaria. En cambio, el principio de Estado social, según el cual la vida económica es determinada no sólo por criterios de eficacia sino también por aspectos sociales, es anclado en el orden económico español. La economía debe reivindicar sólo una función subordinada en la sociedad. El Tratado derriba completamente este principio. La libre competencia no es nada más que el liberalismo que se ejercita en detrimiento de los aspectos sociales y permite explotar a los hombres.

El principio del país de origen, que tiene efectos extremadamente nefastos sobre la economía interior, es un ejemplo extremo de competencia despiadada. Este principio autoriza a las empresas extranjeras a efectuar trabajos en España con las condiciones válidas en su país. Por ejemplo, una empresa polaca puede efectuar trabajos con obreros polacos y ucranianos pagando salarios situados muy por debajo de los salarios españoles. Y otras condiciones vigentes en el país de origen también constituyen una base jurídica (particularmente las normas de calidad y las obligaciones de garantía).

Con el Tratado de Lisboa, la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE es reconocida de manera obligatoria. Pero no impone ninguna obligación social al capital. La propiedad no debe estar al servicio del bien común. Hasta el derecho al trabajo, el derecho elemental según el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, está ausente.

Los Estados miembros pierden en gran parte su soberanía en materia de defensa a causa de la integración de las fuerzas armadas en la defensa común. Además, el Tratado obliga los Estados miembro de la UE no sólo a desarrollar su armamento pero les prescribe el derecho a declarar guerras, en particular para luchar contra el terrorismo en el mundo entero como en los Estados miembros.

Las estructuras democráticas actualmente vigentes son la sola protección contra los responsables intelectuales groseros que obedecen deliberadamente al capital y a los poderes dominantes.

Desgraciadamente, vivimos en una época en que el derecho se burla sin interrupción. Las bellas palabras y las mentiras estánde actualidad. Tales mentiras deben ser denunciadas. Lo mismo que el procedimiento de política hegemónica que dirigió la elaboración del Tratado de Lisboa que pretende abolir la democracia.

Los pueblos de Europa tienen el derecho a vivir con sus ciudadanos soberanos en la paz y la libertad de una democracia verdadera.

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