Los excesos de RTVE comprometen su continuidad

El ente público acumula una deuda de 800 millones de euros merced a un déficit crónico de más de cien millones desde 2009.

RTVE

Radio Televisión Española (RTVE) podría verse obligada a realizar un nuevo cambio radical en su formato y en su gestión tras los malos resultados de las reformas de 2006 y 2009. Y es que, el llamado ente público acumula la friolera de 800 millones de euros de deuda, lo que equivale a más de la mitad de su actual capital social (cifrado en unos 1.510 millones de euros). La situación, ciertamente insostenible, podría obligar incluso a cerrar las emisiones de RTVE tras más de cincuenta años de actividad.

La gravedad del estado de la cadena pública ha sido puesta de manifiesto por un informe encargado por fuentes oficiales (así lo asegura el diario El Mundo, medio que asegura haber tenido acceso al mismo). Entre los datos más preocupantes destaca el hecho de que la corporación pública presenta un déficit crónico de cien millones de euros al año. De acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital, el grupo reuniría ya las condiciones para disolverse, entendiendo que su continuidad genera un gasto excesivo al Estado.

Otras opciones, igualmente drásticas, pasan por destituir a toda la actual cúpula de RTVE y nombrar nuevos cargos. No obstante, esta última decisión está condicionada a que la deuda acumulada alcance los dos tercios del patrimonio del ente (aproximadamente, 1.016 millones de euros). En cualquier caso, si las pérdidas provocan la reducción del capital social por debajo de la mitad también se podría renovar el Consejo de Administración. Este último escenario ya se ha cumplido, abriendo la puerta a decisiones contundentes.

No está del todo claro que esta última cláusula deba ser aplicada obligatoriamente, pero tanto si la cúpula del ente, encabezada por Leopoldo González-Echenique, es destituida como si no, el rumbo de RTVE debe dar un giro de ciento ochenta grados. No puede justificarse en modo alguno que la corporación ingrese unos 850 millones de euros al año e incurra en gastos que rondan los mil millones. Lógicamente, una mayor aportación económica por parte del Estado salvaría los muebles, aunque resultaría difícil de justificar.

Vía: El Mundo

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