Uber, prohibido en todo el territorio nacional

Un juzgado madrileño decreta la suspensión cautelar de Uber en toda España tras aceptar la petición de medidas preventivas por parte de los taxistas.

Uber se actualiza
Lo que parecía ser un proceso judicial que atañía exclusivamente a la Comunidad de Madrid ha derivado en una sentencia cuyo alcance afecta al conjunto de España. El juez de lo Mercantil número 2 de Madrid ha estimado la prohibición de la aplicación Uber en toda España, atendiendo a una petición de medidas cautelares por parte de la Asociación Madrileña del Taxi. El auto del juez establece que se trata simplemente de una medida preventiva a petición de los taxistas a la espera de una sentencia definitiva.

La base jurídica para la decisión del juez se halla en la ley de competencia desleal, de la cual deduce que la actividad de Uber es ilegal en tanto que la ausencia de una regulación específica supone que está infringiendo la normativa vigente. En definitiva, el auto considera que el servicio prestado por Uber no tiene cabida en la legislación española y, a la espera de que las autoridades legislativas tomen una decisión en cualquier sentido, su actividad debe cesar por no cumplir los requerimientos administrativos de los taxistas.

En cualquier caso, el problema de fondo no es si Uber vulnera o no la normativa del taxi, dado que es evidente que esta aplicación ni se vende como una red de taxistas ni aspira a ofrecer un servicio análogo. Los conductores inscritos no son profesionales y no tienen ningún interés en serlo, simplemente quieren conseguir dinero adicional transportando a personas por las ciudades en sus ratos libres. De igual modo, los usuarios que demandan estos servicios son plenamente conscientes de que carecen de las garantías que ofrecen los taxis.

Por ello, la postura adoptada por las autoridades políticas no resulta comprensible salvo que estas se hayan plegado completamente a las presiones de los gremios de taxistas. El éxito de descargas de Uber y el crecimiento exponencial de su valor como compañía ponen de manifiesto que la sociedad española respalda este servicio, por lo que lo lógico sería buscarle un encaje legal apropiado. Sea como sea, Holanda o Alemania también han optado por la prohibición.

Vía: Libre Mercado

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