Madrid se suma a la caza de Uber

La aplicación de transporte urbano deberá obtener licencia de taxi para poder operar en la capital española.

Uber se actualiza

El caso de la aplicación Uber parece demostrar que para tener éxito en los negocios no basta con conseguir un amplio respaldo entre los usuarios. Su difícil encaje legal y la férrea oposición por parte del sector del taxi pueden hacer abortar un proyecto que aspiraba a modernizar el transporte urbano de pasajeros. Tras la prohibición de Uber en Berlín y otras ciudades de Alemania y Europa, la Comunidad de Madrid ha anunciado que también va a perseguir a los usuarios de la polémica plataforma.

Los motivos que arguye el Gobierno de Ignacio González para poner coto al uso de este tipo de servicios se limitan a la aplicación de la actual normativa del taxi. Ocurre sin embargo que Uber jamás ha expresado que desea desarrollar un servicio análogo al de los taxis, estando mucho más cerca del concepto del consumo colaborativo. Ello, unido a su carácter novedoso y rompedor, propicia que la aplicación carezca de marco legal para desarrollar su actividad. En lugar de legislar, las administraciones han optado por las sanciones.

En el caso madrileño, la Guardia Civil y los diferentes cuerpos de Policía Local ya han recibido instrucciones concretas para perseguir a los usuarios, tanto los que conducen como los que solicitan un trayecto en coche. Una vez más, la Comunidad de Madrid ha esgrimido también su preocupación por la seguridad de los pasajeros, ya que estos carecen de las coberturas que sí que existen cuando se sube a un taxi. No obstante, este desplazamiento está mucho más cerca de cuando se pide a un amigo que nos acerque a un sitio.

Las multas que contempla el gobierno regional oscilarán entre 4.000 y 18.000 euros, aplicando una mayor severidad si se constatan infracciones reiteradas. Para tratar de dar un mayor aspecto garantista a la medida, la Comunidad ha habilitado un periodo de diez días para que Uber presente la documentación necesaria para obtener una licencia de transporte. Borja Carabante, viceconsejero autonómico de Transportes, Infraestructuras y Viviendas, ha pedido asimismo que el Ministerio de Fomento lidere una acción coordinada.

Vía: Libre Mercado.

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