La CNMC pide liberalizar el mercado del tabaco y los cigarrillos electrónicos

La CNMC critica con dureza el restrictivo marco jurídico que un proyecto de ley quiere fijar para la fabricación y distribución del tabaco.

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La actividad legislativa sigue su curso a pesar de la evidente situación de parálisis política que atraviesa España. Conviene tener presente que, si bien la constitución de un nuevo Gobierno está totalmente en el aire, el resto de instituciones y organismos reguladores mantiene sus funciones con aparente normalidad. La Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia (CNMC) ha ido un paso más allá y ha planteado incluso una enmienda muy completa al proyecto de ley sobre el tabaco. Una petición de liberalización.

El organismo encargado de velar por la libre competencia ha puesto el grito en el cielo por lo que considera una patente restricción del mercado del tabaco. El borrador del real decreto en el que trabaja el Gobierno pone serias limitaciones a la distribución y venta de los productos derivados del tabaco, incluyendo los cigarrillos electrónicos. No es nada nuevo, a decir verdad, es tristemente habitual, pero sí que lo es la reacción de esta instancia. La CNMC pide ‘reconsiderar’ lo expuesto en el proyecto de ley por su ‘débil justificación’.

La apelación del organismo encabezado por José María Marín-Quemada se sustenta sobre la evidencia de que se está consolidando un monopolio. Limitar la venta de estos productos a estancos, farmacias, parafarmacias y tiendas específicas asienta un agravio comparativo, por no hablar de la imposibilidad de la venta a distancia. Es más, la prohibición de comercializar cigarrillos electrónicos a través de máquinas expendedoras es totalmente incoherente por cuanto los derivados directos del tabaco sí se ofrecen por esta vía. De este modo, se estarían poniendo facilidades a las empresas de un sector en detrimento de otro.

En un sentido más amplio, la CNMC aprovecha la ocasión para criticar el sistema monopolista de distribución del tabaco (con los estancos como principales beneficiados). El Gobierno se escuda en la mayor facilidad que encuentra para vigilar la calidad tanto en la fabricación como en la venta si acota considerablemente el mercado. El organismo supervisor no lo ve así y reclama la entrada de más operadores ante lo que considera una ‘distorsión competitiva’.

Vía: ABC.

Foto: tabaco vía Shutterstock

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